Message aux signatairesACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y FIN AL FRAUDE EN LAS OPOSICIONES

LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE RECLAMA EUROPA PARA ESPAÑA.

Eva P.Madrid, Espagne
12 mai 2021

Desde la Plataforma de Ciudadanos Por el Acceso a la Función Pública en Condiciones de Igualdad y el Fin de Fraude en las Oposiciones, hemos preparado el siguiente comunicado que queremos compartir con todos, agradecemos su difusión, muchas gracias:

LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE RECLAMA EUROPA PARA ESPAÑA.

En España existe la idea generalizada y mayoritariamente aceptada, de que la función pública es de muy mala calidad, de república bananera. La Unión Europea ve la posibilidad de modernizar y profesionalizar la Administración española y espera que el Gobierno de España encuentre soluciones apropiadas.

Lo normal sería que en las Administraciones Públicas trabajaran solamente funcionarios que han opositado, y que tienen la titulación que les habilita a ocupar su puesto. Pero en España esto no ha sido así, la falta de una normativa clara sobre el acceso a la Función Pública ha permitido que miles de trabajadores que no han opositado, estén trabajando en las distintas administraciones y mantengan las plazas ocupadas sin fecha de caducidad y sin que nadie los despida. Parece ser que lo importante no es pasar años estudiando para aprobar una oposición, lo importante es    conseguir un enchufe, un sistema de acceso, no importa el medio ni la forma, y una vez dentro, ya aparecerá el modo de quedarse en el puesto.

La temporalidad y las múltiples formas torticeras de acceso al trabajo en el sector público trae gran conflictividad, porque los trabajadores una vez que están dentro de la Administración, ya no quieren irse y lógicamente buscan todas las argucias posibles para quedarse como fijos.  Los intereses que defienden estos trabajadores son en general poco serios, cuando no inadmisibles, pero desde el punto de vista personal, hay que entender que tienen derecho a intentar resolver su situación laboral en las mejores condiciones posibles.   Dejar que los trabajadores entren en la función pública sin contar con una normativa transparente sobre su situación laboral, da pie a la situación en que nos encontramos y a la escalada de reclamaciones que estos colectivos están realizando.  Ya no se trata de aspirar a quedarse fijo sin opositar, sino de exigirlo con huelgas, o impedir que se convoquen nuevas oposiciones, y lo próximo que van a exigir puede ser que le envíen el sobre a casa. Con estos antecedentes, en España existe la idea generalizada y mayoritariamente aceptada, de que los servicios prestados por   la Función Pública son de muy mala calidad, de república bananera, y que por tanto es igual que sus trabajadores, sean profesionales que se han pasado años opositando, o que sean trabajadores que han entrado con un contrato en fraude de Ley, o través de pseudo-examenes   que ahora, exhiben como prueba de que han opositado. (estos colectivos confunden fácilmente el concepto oposición con estafa y fraude).

Si analizamos la situación laboral de los trabajadores en las distintas Administraciones Públicas españolas, nos encontramos, por ejemplo, con que, en los servicios de empleo, tanto del Estado como de las CCAA, entre el 40% y el 80%   de los trabajadores de estos servicios (según la CCAA.), no son funcionarios, es decir que han entrado en la Administración enchufados, trampeando, o como Dios ha dado a entender.  Los trabajadores que no han opositado, por razones obvias, no son profesionales, son amañados que hacen el trabajo mal y pronto, (aunque ellos no lo reconozcan). Opositar cuesta muchos años de estudios a un nivel muy alto, porque si no apruebas, o no llegas al corte que establece el número de plazas convocadas, significa que te quedas sin plaza, y tienes que volver a opositar. Si te presentas nuevamente y en su caso consigues la plaza, te puedes encontrar al lado de tu puesto de trabajo a alguien que ha entrado con un contrato en fraude de Ley, y que en su vida ha cogido un libro de oposiciones. Este tipo de asuntos no pueden ocurrir en una administración moderna, no se puede permitir que los puestos en la Función Pública los ocupen personal no cualificado, que como mucho han hecho un pseudo-examen, (aunque ellos digan otra cosa), que generalmente esta trampeado, o diseñado ad-hoc para un colectivo determinado. Todos estos colectivos de trabajadores no funcionarios, dicen y mantienen en cualquier foro, que están muy preparados para ocupar un puesto en la Administración, incluso más que los funcionarios, pero cuando les dicen que tienen que opositar, (que es la forma de demostrar su cualificación), no quieren.   Tener trabajando juntos y en el mismo plano a   médicos y curanderos, a jugadores de primera y jugadores, de tercera regional, (aunque estos últimos aseguren que juegan mejor que los de primera), siempre resulta un mal asunto, y la cosa siempre acaba mal. Por el bien de todos, la función pública tiene que estar compuesta por trabajadores profesionales, es decir, que estén en posesión   del título de funcionario, no se trata de un prurito gremial o corporativo, se trata de defender una Función pública moderna y profesionalizada. Intentar convertir las administraciones en un cajón de sastre donde meter a personal heterodoxo no cualificado (tener una carrera no supone estar cualificado para trabajar en la función pública, la cualificación se consigue opositando), a corto o a largo plazo se convierte en la bomba de relojería que tenemos actualmente. En realidad, a nivel de calle la sociedad no sabe ni es consciente del peligro que supone tener una administración desprofesionalizada.

Hay que aprovechar el aviso que ha dado la UE. para obligar a todos los trabajadores no funcionarios a opositar y si no aprueban el examen en condiciones de igualdad, mérito y capacidad con el resto de los opositores, tienen que ser despedidos y convenientemente indemnizados. Si todas las administraciones ayudan a estos trabajadores de forma manifiesta e incuestionable, por ejemplo, dándoles la mitad de la jornada libre para que puedan estudiar y subvencionándoles las mejores academias etc., seguramente la mayoría de ellos, conseguirán aprobar y se habría resuelto el problema. Lo que no es deseable es que se queden en la Función pública sin haber opositado y conviertan las administraciones en cementerios de elefantes, ocupando puestos que no deben ocupar, y al mismo tiempo impidiendo que opositores preparados los ocupen.

¿CÓMO IMPEDIR LA ENTRADA "POR LA GATERA"  A LA FUNCIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE ARGUCIAS, COMPONENDAS Y TRIQUIÑUELAS?

Las administraciones públicas   por motivos de acumulación de tareas, o la aparición de nuevos servicios etc.  suelen necesitar personal temporal, que contratan a la mayor brevedad posible (a veces en semanas), a través de un pequeño examen que ni si quiera da tiempo a prepararlo, (estos exámenes son los que posteriormente dicen que han realizado, y que por tanto ya no tienen que opositar). Este personal cuando se acaba la temporalidad por la que fueron contratados, como el dinero público parece ser que no es de nadie, se mantienen en sus puestos sin ser despedidos, dando lugar un sin fin de posibilidades de reclamar judicialmente  la fijeza en el puesto de trabajo, como así ha ocurrido, y esto es lo que ha hecho posible que tengamos la Administración desprofesionalizada, de república bananera   que tenemos.

Parece increíble que el ministerio de Administraciones Públicas, la abogacía del Estado etc., no encuentren un sistema que permita que los trabajadores puedan trabajar temporalmente en la Función pública cuando sea necesario, pero que posteriormente, de ninguna manera puedan reclamar la fijeza en la Administración.

 Actualmente existe un programa que se llama de colaboración social, que tuvo un gran éxito hace tiempo, sobre todo en Canarias, y que   dejó de utilizarse en pocos meses porque los sindicatos rápidamente lo abortaron (amenazando a los políticos con huelgas), argumentando que quitaba empleo público a los trabajadores. Para estos sindicatos, lo que hay que hacer es meter a muchos trabajadores en la Administración para que bajen las listas del paro. Ideas y actitudes como estas, son las que han promovido la situación en que actualmente se encuentra la Función Pública española.

Este programa de colaboración social está diseñado solo para trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo, pero perfectamente se puede adaptar para que sea aplicable a cualquier trabajador que quiera mejorar   su cualificación profesional, tenga interés en conocer qué se hace en las administraciones públicas y cómo funcionan, para después, por ejemplo, trabajar en una gestoría, en un gabinete de abogados, preparar oposiciones. Etc. El programa no permite que los trabajadores puedan exigir fijeza en el empleo, porque realmente no propone una relación laboral, sino una adscripción a un servicio determinado. La adscripción debe reunir unos requisitos mínimos:

Se parte de una solicitud del trabajador explicando que es lo que quiere aprender y qué tipo de trabajo demanda. (no se trata de un contrato en formación, el trabajador aprende trabajando). La administración comprueba que tiene el puesto que el trabajado solicita y puede adscribirlo de forma inmediata, ponerlo en lista de espera, o denegarle la adscripción.

1.    La relación de adscripción se puede romper tanto por parte del trabajador, como de la administración que adscribe, sin que haya que justificar la causa, (ni el trabajador ni la Administración, esto es importante).

2.    La cuantía mensual a percibir por el trabajador, será la de los funcionarios que estén en el grupo de trabajo en que se adscriba.

3.    La Administración procurará que el trabajador realmente obtenga la enseñanza acordada en el documento de adscripción.

4.    La adscripción se redactará de forma que sea imposible que el trabajador pueda reclamar fijeza en el trabajo, con independencia del motivo o la causa expuesta.

Si el programa de adscripción se hace y se organiza convenientemente, habrá listas de espera para ocupar puestos que necesiten cobertura temporal en todas las administraciones, sin necesidad de acudir al proceloso mundo de los enchufes, los fraudes y las corruptelas que ahora son tan comunes y que ha hecho que la UE.  nos llame al orden.