ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y FIN AL FRAUDE EN LAS OPOSICIONES

ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y FIN AL FRAUDE EN LAS OPOSICIONES

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Eva P. ha iniciado esta petición dirigida a Unión Europea; y

FIRMAS PARA EXIGIR EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y PARA ACABAR CON EL ABUSO DE TEMPORALIDAD Y EL FRAUDE EN LAS OPOSICIONES

Plataforma de Ciudadanos por el Acceso a la Función Pública en Condiciones de Igualdad y el Fin del Fraude en las Oposiciones, manifiesta:

En España, la normativa que regula la forma de acceso a la Función Pública es la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y otras normas. La oposición, es el proceso selectivo mediante el que las Administraciones Públicas incorporan recursos humanos a través de la oferta de Empleo Público, en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. La normativa reguladora de las oposiciones explica qué es el proceso selectivo y cómo se lleva a cabo, pero en  España, esta normativa no se ha tenido en cuenta, y algunos políticos y algunos sindicatos, posiblemente sin percatarse del mal que estaban ocasionando, han ido tomando atajos y bordeando la legalidad, a la hora de colocar indiscriminadamente a miles de trabajadores no funcionarios, y ahora nos encontramos con una Administración desprofesionalizada, que no encaja en la Unión Europea.

LAS OPOSICIONES

Cualquiera que lea la normativa que regula el acceso a la Función Pública, entiende que las oposiciones necesariamente hay que hacerlas de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, sin embargo, a juicio de determinados políticos y sindicatos, el concepto de igualdad se puede interpretar a la carta. Por ejemplo, si aplicamos simplemente el sentido común, se detecta que los colectivos de trabajadores no funcionarios que actualmente trabajan en la Administración Pública, a la hora de opositar, tienen muchas ventajas en comparación con el resto de los  opositores. Esto es así porque están todos los días realizando tareas relacionadas con los actos administrativos, los plazos, las resoluciones, etc., que precisamente constituyen materia de examen y por consiguiente, ya conocen y manejan con soltura gran parte del contenido del temario. Dada esta situación, aplicando de nuevo el sentido común, se podría pensar que una buena forma de nivelar la diferencia entre opositores podría ser restarles una determinada puntuación por año de servicio, debido a la evidente ventaja que ya tienen, y así conseguir un plano de igualdad con el resto de los opositores.

Sin embargo, determinados políticos y sindicatos, lo que interpretan es que no hay que quitarles puntos, sino darles puntos, es más, lo que hay que hacer, es hacerlos fijos directamente sin opositar. El trabajo demoledor que algunos políticos y algunos sindicatos han llevado a cabo para desprestigiar y poner en evidencia la necesidad de opositar en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, ha conseguido generar gran confusión a nivel social, y en este escrito vamos a tratar de explicar los más sencillamente posible cómo y por qué.

Preparar una oposición, puede ser más difícil que sacar una carrera, porque la carrera se puede conseguir estudiando con disciplina, con un método adecuado etc., pero aprobar una oposición es mucho más complejo ya que hay que contar con dos factores de contención: Uno, la preparación de la oposición y otro, el corte que establece el número de plazas ofertadas. Los opositores que no pasan el corte no tienen plaza, y por tanto tendrán que volver a retomar los estudios y volver a presentarse sucesivamente hasta que en su caso superen las pruebas. La obtención del título de funcionario indica dos cosas:

1. Que se ha opositado en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, que es lo que reclama la Constitución y el resto delas  normas reguladoras del acceso a la Función Pública.

2. Que se reúnen todos los requisitos de idoneidad para ser funcionario. Esto ocurre con todas las profesiones que necesitan título habilitante. Por ejemplo, si alguien quiere ser conductor de camiones, tendrá que pasar por una serie de pruebas y exámenes, y finalmente, puede que obtenga o no, el título o permiso habilitante. Si todo sale bien, se obtiene el título, y si no sale, hay que empezar de nuevo. Pretender conducir un camión, un tractor o un avión sin título habilitante, por muchas razones, no es aconsejable. Todos sabemos que los trabajadores de la Función Pública que no tienen título habilitante están permanentemente cometiendo errores o a punto de cometerlos, porque realmente no conocen en profundidad lo que están haciendo. Pasar años estudiando teoría, no es inútil ni prescindible, la práctica es necesaria, pero la práctica sin teoría engendra amañados, no profesionales. Los errores cometidos en la Función Pública, como en cualquier otra actividad, pueden ser circunstanciales o accidentales, o pueden ser sistémicos y redundantes, debido a la falta de preparación de los trabajadores. Cuando se ha tenido mucho contacto con las Administraciones Públicas españolas, se constata una notoria falta de cualificación profesional. Los errores, desaciertos y falta de interés del personal, muchas veces pasan desapercibidos, o parece que no tienen consecuencias efectivas, porque entre otras cosas es difícil localizar al autor del desliz, pero, en cualquier caso, las tareas relacionadas con la Función Pública pueden generar multitud de problemas a los ciudadanos, y como mínimo procurar mala imagen.

 

EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Si analizamos las formas en que los trabajadores no funcionarios han conseguido entrar en la Función Pública, comprobamos que son realmente lamentables. El listado de procedimientos amañados para conseguir trabajar en la Administración sin opositar es interminable, veamos algunos:

1. Elaboración de contratos prefabricados, de forma que posteriormente sea fácil declararlos en fraude de ley.

2. Amañamiento de perfiles profesionales en las ofertas de empleo hasta que la oficina de Empleo remite a la Administración el candidato esperado.

3. Conseguir el acceso a la Función Pública, a través de un simple examen interno elaborado por el organismo convocante cuya evaluación también la hace el mismo organismo, y cuya convocatoria pública consiste en unos folios grapados en el tablón de anuncios del organismo y que normalmente alguien quita del tablón casi de inmediato, al objeto de que solo un reducido grupo de personas conozcan la existencia de la convocatoria.

4. La creación de nuevos servicios sin justificación ni utilidad contrastada, para provocar la necesidad urgente de personal, etc.

Últimamente, el sistema de trampeo se está haciendo más perspicaz. Por ejemplo, cada organismo crea su propia bolsa de trabajo, que nadie sabe muy bien cómo funciona, ni para qué sirve, o se rescatan a conveniencia opositores que provienen de convocatorias públicas normales, que quedaron con buenas notas, pero que no pasaron el corte de oposición y por lo tanto lo que deben hacer es volver a opositar.

 

Todos los trabajadores públicos que entran a la Función Pública sin el título de funcionario, lo hacen por voluntad propia, sin que nadie les obligue, y además, conociendo perfectamente que tienen el puesto en precario y sin ningún derecho a mantenerlo en el tiempo, porque como ya hemos dicho, no han opositado, o no han pasado el corte de la oposición. Si la Constitución hubiese querido otra forma de acceso a la Función Pública, hubiera establecido otros criterios de selección de personal. La fórmula de acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad no es un capricho; obedece al propósito y a la voluntad de conseguir los mejores profesionales que el mercado laboral pueda ofrecer en cada momento, con la finalidad de conseguir una Administración moderna, eficiente y profesionalizada. Las formas anómalas de acceso a la Función Pública son inventos de algunos políticos y sindicatos, que tal vez creían que bordeando la legalidad podrían ayudar a personas necesitadas, pero al final, lo que han conseguido es una Administración ineficiente y desprofesionalizada, que no es útil para el Estado, ni siquiera para los colectivos de trabajadores no funcionarios que quieren obtener la fijeza sin opositar. La mayoría de este personal lleva años trabajando en la Administración sin haber opositado (no todos porque muchos sí han opositado, y ahora son funcionarios), pero en realidad no tienen nada de qué quejarse ni qué reclamar, porque han estado cobrando y cotizando, ir más allá en sus pretensiones es de mal agradecidos. Lo apropiado sería que aprovechen todas las ventajas que le están ofreciendo para opositar (puntos por años de antigüedad, etc.), que no tienen el resto de los opositores. Algunos políticos y algunos sindicatos, no se han dado cuenta, o no quieren darse cuenta, que el mercado laboral que ofrece la Administración es y debe ser un mercado residual, un mercado reducido y exclusivamente dirigido a personas que estén dispuestas a pasarse años estudiando sin que nadie les garantice un puesto de trabajo. No se trata de un mercado de masas, al que se acude a ver si por casualidad se necesita personal.

 

LOS PROBLEMAS Y LAS CONSECUENCIAS

En España, saltarse la legalidad vigente en materia de acceso a la Función Pública, y crear opacidad y confusión en torno a las oposiciones, se ha convertido en algo habitual, hasta el punto de que los ciudadanos no saben exactamente a qué atenerse, ni quién tiene razón o quién no la tiene. Cualquiera puede entender que desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores que no quieren opositar pero sí quieren la fijeza en su puesto de trabajo, tener y pretender mantener esta reivindicación en el tiempo, es una opción, y además una gran jugada, porque supondría el pelotazo del siglo: conseguir un puesto de trabajo fijo, para el que es necesario un título de funcionario que no tienen, y que para conseguirlo finalmente tendrían que opositar, que es justamente lo que no quieren. Los argumentos para pedir la fijeza en el empleo, jamás los relacionan con hacer la oportuna oposición, que es lo que corresponde, sino que lo vinculan a asuntos tan variopintos como:

1. Que su capacidad y competencia ya está demostrada con los años de antigüedad, cuando en la Administración Pública no se despide a nadie por incapacidad o por incompetencia, como ocurre en el sector privado.

2. Que con la experiencia que han adquirido trabajando en la Administración es suficiente, y que por tanto no necesitan opositar. La oposición dota al opositor de conocimientos teóricos complejos que posteriormente va ordenando y armonizando con las prácticas, como ocurre en cualquier profesión que necesite título habilitante. Un trabajador sin conocimientos teóricos, trabaja por impulsos, intuición o presentimientos, que normalmente lleva a errores y desaciertos, es decir a una Administración desprofesionalizada.

3. No tener tiempo para estudiar porque están trabajando, cuando en España hay miles de personas que también están trabajando, (además a turno partido), y estudiando todos los días, incluso festivos, para mejorar su situación laboral.

4. Que llevan mucho tiempo trabajando y como no los han despedido, hay que consolidarles el puesto de trabajo. En la Administración los puestos de trabajo se consolidan opositando, si hay algún responsable de su situación, que lo denuncien, pero si se permite el acceso a la Función Pública por esa vía, se producirá una involución que posteriormente será imposible corregir.

5. La manida frase de ‘quítate tú para ponerme yo’, cuando en realidad es: quítate tú, que no eres un profesional habilitado, para que se ponga a alguien que sí lo que es, porque se ha esforzado lo suficiente, y tú no lo has hecho.

 

Esta impresentable situación, creada por determinados políticos y determinados sindicatos, han conseguido durante años frenar las oposiciones, bloquear todos los procesos selectivos y por tanto impedir que miles de opositores, que sí han estudiado y que sí quieren competir en términos de igualdad, mérito y capacidad, puedan ejercer su derecho constitucional a acceder a la Función Pública. La decisión de estos colectivos de dificultar todo lo posible la celebración de oposiciones y además no participar en ellas, responde a la vieja estrategia de políticas de hechos consumados. Estos colectivos saben que han conseguido crear una crispación sin precedentes, y que han puesto al Estado en un gran aprieto, esta vez incluso contra la Unión Europea. En estas condiciones, es posible que consigan su objetivo, (quedarse en la Administración sin opositar), a través del viejo sistema de borrón y cuenta nueva, que seguramente no va a aceptar la Unión Europea y que sería lo peor que le puede ocurrir a los procesos selectivos de la Función Pública, y lo que impediría definitivamente conseguir una Administración moderna y profesionalizada.

No se hacen responsables de haber aceptado inicialmente la precariedad laboral que ahora presentan como causa justificante de su reclamación, ni de no querer participar en oposiciones simplemente porque no quieren. La culpa de su situación la focalizan en los políticos y en los sindicatos que los metieron en La Función Pública engañosamente y sin asegurarles la fijeza en el puesto de trabajo. En síntesis, el batiburrillo que surge de todos estos despropósitos significa que:

1. Estos colectivos piden respeto a sus aspiraciones de quedarse fijos sin opositar, pero ellos no respetan el sistema de acceso a la Función Pública, y además les da igual que exista una Administración profesionalizada, o una Administración de república bananera.

 

2. El Gobierno, tal vez asumiendo la política de hechos consumados señalada anteriormente, parece que no está por despedirlos, con lo que la Administración se convertiría en un cementerio de elefantes o un cajón de sastre, llena de trabajadores que no son profesionales, y que además impiden que los profesionales ocupen sus puestos. Esta situación se mantendrá hasta que se jubilen y mientras tanto no se podrá celebrar más oposiciones porque los puestos están ocupados.

 

3. Estos colectivos no tienen ningún interés en que haya oposiciones. Primero porque ellos ya están trabajando, cobrando y cotizando, y segundo porque mientras sigan trabajando, siguen sumando puntos para futuras oposiciones.

 

La negativa del Gobierno a despedir a estos colectivos no se puede mantener con un mínimo de dignidad. Primero, porque no se trata de despedir a nadie, se trata de despedir en todo caso, a los que no aprueben las oposiciones, que como ya hemos comentado en reiteradas ocasiones, deberían aprobar, porque el sistema de puntuación y las prerrogativas que han conseguido, hace que entren en la parrilla de salida con muchas más ventajas que el resto de opositores del turno libre, y segundo, porque esas ventajas que ya tienen, les facilita enormemente culminar la oposición, siempre que pongan algo de interés en el intento. Como ya hemos comentado, muchos trabajadores procedentes de estos colectivos, ya se presentaron a las oposiciones y las aprobaron, pero estos no quieren. La Unión Europea, da un tiempo tres años para que España regularice la situación de estos trabajadores, es decir, para que modernice y profesionalice la Función Pública, y durante ese tiempo, los distintos Gobiernos deben prestar todo el apoyo necesario a estos trabajadores de forma que finalmente decidan opositar. Por ejemplo, facilitándoles horas libres que les permitan preparar adecuadamente todo el temario, o subvencionándoles los costes de las academias etc., al objeto de animarlos a que opositen. Al final, lógicamente el que no apruebe tiene que ser despedido porque la Administración no es una empresa privada, es una empresa pública, que tiene que velar por los intereses de todos los ciudadanos, y no solo de unos colectivos de trabajadores que tienen todas las posibilidades del mundo de regularizar su situación opositando, y que no lo hacen porque no les da la gana. Un colectivo de estas características, no puede estar jugando a paralizar las convocatorias de oposiciones porque no les interesa, ni a impedir que la Administraciones se modernicen. Pensar en dejarlos fijos sin opositar porque no hay dinero para los despidos es realmente grotesco y ultrajante. Para costear los despidos del personal que no pase las oposiciones, se puede recurrir a lo que hace cualquier empresa: jubilaciones anticipadas, expedientes de regulación, despidos progresivos, etc. Lo que no se puede hacer es dejarlos en la Función Pública, porque esto sí que sería el mayor disparate que se pueda cometer. Un Estado con una Administración moderna y profesionalizada, es un gran Estado. Un Estado con una Administración bananera es un gran problema.

 

RESUMEN

-La Unión Europea exige a España que profesionalice la Administración Pública, y para ello es necesario la homologación de todos los trabajadores públicos a través de oposiciones realizadas en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

-El Gobierno tiene la obligación de facilitar a los trabajadores no funcionarios, el acceso a su regularización a través de oposiciones, y para ello tiene múltiples herramientas como ofrecerles horas pagadas, para que puedan estudiar, subvencionarles las academias, etc.

-Los trabajadores que no quieran homologarse tienen que ser despedidos a través de procedimientos acordados y buscando la forma más favorable a sus intereses. Lo que no puede ser, es que se queden en la Administración impidiendo su homologación, y por tanto la modernización de la Función Pública y que puedan continuar permanentemente bloqueando todas las oposiciones que se convoquen y emponzoñándolo todo para que todo continúe en beneficio de sus intereses.

A través de una plataforma de recogida de firmas http://chng.it/wYXj55nzj7  los ciudadanos españoles nos hemos unido para solicitar a la Unión Europea, Ministra de Hacienda y Función Pública María Jesús Montero y Gobiernos de las CCAA de España:

1- La creación de normativa clara en respuesta al mandato Constitucional en relación con el acceso a la Función Pública, de forma que, de una parte, sea posible el trabajo temporal por motivos de urgencia demostrada, y por otra, que sea imposible conectar o vincular esos trabajos con la posibilidad de permanencia indefinida en la Administración. Si esto no se cierra herméticamente, y se deja alguna fisura, los políticos y los sindicatos volverán con toda seguridad a las andadas, y dentro de unas semanas ya habrá otros colectivos trabajando en la Administración sin haber opositado reclamando fijeza. El programa de colaboración social que tuvo gran éxito en algunas CCAA, por ejemplo, en Canarias, impedía que los trabajadores reclamaran fijeza. Este programa lo reventaron los sindicatos en cuestión de meses, porque según ellos, lo que hace falta es llenar las Administraciones de personal de cualquier forma y de cualquier modo, para acabar con el desempleo. Este deseo insaciable de meter a muchos trabajadores en las administraciones, no se sabe muy bien a que responde, pero lo que sí es cierto, es que tener muchos funcionarios no es sinónimo de prestar buenos servicios.

2 – No permitir ninguna forma de puntuación por años trabajados, porque como ya hemos señalado anteriormente, el conocimiento adquirido durante los años de trabajo ya da ventajas suficientes a la hora de opositar. Es necesario cumplir disciplinadamente con el principio de igualdad que marca la Constitución, porque cualquier avanzadilla o alteración, por muy pequeña que sea, relacionada con el acceso a la Función Pública, sirve de espuela a determinados políticos y sindicatos para abrir nuevamente la caja de pandora. Lo más antidemocrático y escandaloso que puede existir, es decirles a los ciudadanos que pueden opositar en condiciones de igualdad mérito y capacidad, hacerlos que estudien durante varios años, y después permitir que las plazas las ocupen otros que no han estudiado y que no han opositado.

contacto: sinfraudeoposiciones@gmail.com

 

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