México está siendo afectado por la pandemia del nuevo coronavirus, con casi 20 mil contagios que han causado la muerte de 1,859 personas. Hoy más que nunca se requiere fortalecer a los sistemas de salud, para que cuenten con los recursos necesarios para atender adecuadamente la contingencia sanitaria, además de proteger el empleo y otorgar apoyos personales y a las MIPyMES para que podamos salir adelante ante la suspensión de actividades económicas no esenciales.

Sin embargo, en lugar de postergar la ejecución de los 3 proyectos de infraestructura emblemáticos de su administración (el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, cuyos costos suman casi 500 mil millones de pesos), y contar con un plan nacional de apoyo económico como se ha hecho en otros países afectados por la pandemia, el Presidente de la República:

- Ha sido omiso en otorgar los insumos suficientes a los hospitales para garantizar la seguridad del personal de salud,

- Ha propuesto de forma ilegal recortar los sueldos y eliminar los aguinaldos de los servidores públicos,

- No ha dado un apoyo económico efectivo a las MIPyMES y a las personas que viven del comercio informal, generando una ola de desempleo,

- Y ahora está promoviendo una reforma, a todas luces inconstitucional, para que pueda reasignar a su discreción el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

Estas acciones vulneran la división de poderes que debe imperar en los Estados democráticos, así como los principios de transparencia y rendición de cuentas, los derechos laborales de los servidores públicos, el derecho al trabajo y al desarrollo económico y, en última instancia, el derecho a la salud de todos los mexicanos, que nos encontramos expuestos a los impactos derivados de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Como ciudadanos, pedimos la suspensión de las obras antes mencionadas, a fin de que se utilicen esos recursos para garantizar de forma prioritaria nuestros derechos a la vida, a la salud, al trabajo, al salario y a la seguridad social.

Y  no estamos dispuestos a aceptar acciones que pongan en riesgo el sistema democrático y el Estado de Derecho de México.