Por que dicha prohibición daría mas transparencia e independencia, a las decisiones de los gobiernos sobre temas que tengan relación con los servicios básicos, tales como luz eléctrica, gas natural, telefonía, etc. Estas empresas son muy grandes y poderosas y no deberían contratar a ex-presidentes que reciben sueldos vitalicios. Al contratarlos estos ex-altos cargos como mucha influencia en sus respectivos partidos, trabajan como lobbistas encubiertos, en provecho de estas empresas y  en perjuicio de los ciudadanos comunes, que eligen a sus gobernantes para que les representen. Pero por lo visto no suele ser así, por que es difícil creer que alguien pueda influir en contra de quien le paga un gran sueldo. Dichas empresas necesitan autorización del gobierno para poder subir tarifas de los servicios que prestan a los ciudadanos. También necesitan del gobierno para poder recibir y hacer uso de subvenciones de fondos públicos. Por lo tanto al contratar a un expresidente o un ex-ministro de los dos partidos mas influyentes, lo que buscan estas empresas es trafico de influencia. Es una situación nada ética, que compromete la transparencia de los gobiernos. Esto es una situación inaceptable en una Europa que se supone es moderna.