Microsoft impone a los vendedores de computadoras que quieran implantar Windows 8 un nuevo sistema de control que impide la instalación de cualquier otro sistema operativo. Sin ningún tipo de dudas, un verdadero atentado a la libertad del consumidor.

Hasta ahora, podíamos comprar una computadora e instalarle lo que quisiéramos. Pero desde este momento, estamos sujetos al abuso de poder que ejerce Microsoft, ni siquiera Windows XP ni Windows 7 podrán ser instalados en los nuevos equipos. En otras palabras, el consumidor ya no será dueño de su computadora, sino Microsoft.

Las corporaciones tecnológicas, con Microsoft a la cabeza, pretenden imponer mediante su posición privilegiada qué está bien y qué no, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, hasta donde llega el derecho de la ciudadanía a compartir el conocimiento y hasta donde no.
Las grandes corporaciones tecnológicas intentan crear una nueva Sociedad, basada en un nuevo neo-ostracismo o feudalismo tecnológico, en el que son las corporaciones las que deciden quien pertenece y quien no, cuanto debemos aportar, y cuales son las herramientas para estar dentro o fuera de esta nueva Sociedad.
Una vez más, y ya van unas pocas, nos intentan apartar de la libertad, nos intentan quitar el derecho de que cada persona use su ordenador como le plazca, con las aplicaciones y usos que considere correctos (dentro del respeto a la legalidad): http://ramonramon.org/blog/2012/08/13/microoft-otra-vez-atentando-contra-la-libertad/

Las diferentes organizaciones e instituciones que velan por los derechos del consumidor no pueden permitir tal atentado contra la libertad tecnológica, tal intento de dominar la Sociedad del Conocimiento, que usa a la computadora como herramienta de participación y comunicación, y por ello, solicitamos que los diferentes organismos internacionales:
International Competition Network (ICN)
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
The Association of European Authorities of Competence (ECA)
y todas las autoridades nacionales de defensa de la competencia actúen en favor de la ciudadanía.