ALMA, una joven galga fue brutalmente asesinada por dos individuos en el Km. 35 de una carretera secundaria entre los municipios de Bujalance y Castro del Río.

       Los facultativos que realizaron la necropsia nunca habían visto tal ensañamiento en ningún otro caso de maltrato. La galga presentaba hematomas internos producidos por algún objeto romo al igual que diversas heridas de arma blanca y por último, y antes de morir, le arrancaron la traquea…su sufrimiento fue horrible, tuvo una muerte lenta e indescriptiblemente dolorosa ¡!

Posteriormente fue dejada en medio de la carretera seguramente para simular un atropello.

      Cada día decenas de animales, algunos en estado deplorable, deambulan por carreteras de estos municipios intentando sobrevivir; lógicamente no muchos lo consiguen.

       Estos son pueblos donde se practica la caza, por lo que cientos de animales son criados sin ningún control en lugares horribles y sin recibir un trato humano. Son maltratados desde su nacimiento hasta que son desechados una vez que ya no les sirven a sus dueños.

      Estos Ayuntamientos están permitiendo toda esta crueldad hacia los animales al no actuar de manera contundente y pedimos su total implicación para erradicar y perseguir el maltrato continuado al que son sometidos estos pobres perros de caza en la campiña cordobesa.

      Tanto el caso de ALMA como cualquier otro caso de maltrato animal doméstico están tipificados como delito en el vigente Código Penal: art. 337 así como el art. 408, que hace referencia a la obligación de las autoridades competentes de no omitir la persecución de los mismos. Igualmente se incumple la legislación vigente en materia de protección animal en la CCAA de Andalucía (arts. 17 a 19 de la ley 11/2003 en cuanto a identificación y registro municipal y control de animales de compañía) además de la ordenanza municipal de tenencia de animales domésticos.

       Entendemos que, de respetarse y cumplirse dicha normativa, casos como el de la galga ALMA no ocurrirían, por lo que exigimos tanto a las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma Andaluza como a las municipales, cumplan y exijan el cumplimiento de la legislación vigente en este caso concreto y en todos los comprendidos en el marco de la misma.