MANIFIESTO PÚBLICO POR UN TRANSPORTE SANITARIO DIGNO Y SEGURO PARA LAS PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES EN LA ISLA DE LA PALMA

«Mi padre salió de casa para un simple cambio de sonda y nunca volvió.»

Esta iniciativa nace a raíz de una experiencia personal profundamente dolorosa. Mi padre, de 90 años, salió de casa para un simple cambio de sonda y nunca volvió. Falleció el día 23 de junio de 2026. Su historia nos impulsa a promover una reflexión colectiva sobre la atención y el transporte sanitario de las personas mayores y dependientes en la isla de La Palma, con el deseo de que ninguna otra familia tenga que vivir una experiencia semejante.

Detalle de los hechos en el siguiente enlace:

https://manifiestolapalma.blogspot.com/2026/07/mi-padre-salio-de-casa-para-un-simple.html

Este manifiesto no pretende señalar a personas o instituciones concretas ni convertir el dolor en un debate partidista. Su finalidad es contribuir a que se reconozcan los problemas existentes, se impulsen mejoras reales y se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la dignidad de las personas más vulnerables.

La Palma es una isla con unas características geográficas y demográficas propias. El envejecimiento de la población y el elevado número de personas mayores y dependientes exigen un transporte sanitario suficientemente dotado, coordinado y adaptado a sus necesidades específicas.

Las propias administraciones y representantes públicos han reconocido en distintas ocasiones la necesidad de mejorar la planificación del transporte sanitario, reforzar los recursos disponibles y prestar una atención adecuada a las personas más frágiles. Si estas necesidades se reconocen, es porque existen retos y carencias que deben ser abordados.

Las personas mayores y dependientes merecen ser atendidas, movilizadas y trasladadas con profesionalidad, humanidad y respeto. Cuando estos cuidados fallan, las consecuencias pueden ser irreparables.

Por ello, las personas y entidades que suscribimos este manifiesto solicitamos:

Primero. La evaluación y mejora continua del transporte sanitario, garantizando la seguridad de las personas mayores, dependientes y vulnerables, así como el respeto al consentimiento informado y al derecho de todo paciente con capacidad para decidir a no ser movilizado contra su voluntad.

Segundo. La revisión y mejora de los protocolos de movilización y traslado de pacientes, garantizando una atención adaptada a las necesidades de las personas más frágiles.

Tercero. El refuerzo de los recursos humanos y materiales destinados al transporte sanitario terrestre en la isla de La Palma, garantizando una atención adecuada, segura y de calidad.

Cuarto. La implantación de medidas de formación continua y especialización para los profesionales que atienden a personas mayores y dependientes.

Quinto. La creación de mecanismos de supervisión, evaluación y transparencia que permitan detectar deficiencias, corregirlas y prevenir situaciones similares en el futuro. No silenciar, no callar, no encubrir y no permanecer en actitud pasiva ante posibles negligencias.

Sexto. La reducción de tiempos de espera de los pacientes que acuden al HULP para consultas, tratamientos oncológicos, diálisis, rehabilitación y demás especialidades. Ya que el tiempo de espera para ser trasladados nuevamente a sus hogares se demora hasta 6 horas.

Séptimo. La participación de pacientes, familiares, asociaciones y entidades sociales en los procesos de evaluación y mejora del transporte sanitario.

Octavo. El trato hacia las personas mayores, jubiladas, dependientes… debe ser digno y respetuoso. Ninguna persona mayor se merece ser tratada como un desecho o un mueble.

Noveno. La cobertura del transporte sanitario en toda la Isla de La Palma.

La seguridad y la dignidad de las personas mayores y dependientes deben situarse en el centro de las políticas públicas y de la organización de los servicios sanitarios.

Por ello, hacemos un llamamiento a las administraciones públicas de la isla de La Palma, al Servicio Canario de la Salud, a los profesionales sanitarios, a las organizaciones sociales, a las asociaciones de mayores y a toda la ciudadanía para trabajar conjuntamente en la mejora de un servicio esencial del que, en algún momento de nuestras vidas, todos podemos depender.

Que ninguna otra familia tenga que vivir un sufrimiento semejante. Que ninguna persona mayor vea comprometida su seguridad o su dignidad por deficiencias que pueden y deben corregirse.

Porque la protección de nuestros mayores no es una opción política. Es una obligación ética, un deber institucional y una responsabilidad de toda la sociedad.