El nuevo ordenamiento jurídico nos exige un enorme esfuerzo de reinterpretación de los textos legales patrios que también afectan a la Constitución misma.

En España no nos hemos enterado, o no hemos querido hacerlo. Pero está claro que la Unión Europea ha creado un nuevo ordenamiento jurídico destinado a proteger a los denunciantes de corrupción. Está en vigor desde el 17 de diciembre de 2019.

El problema de base existe porque nuestros institutos procesales contemplan un único derecho fundamental en conflicto cuando se imputa un delito de corrupción a una autoridad o funcionario público.