Ya hemos hecho el camino que va desde la Fiscalía Provincial de Jaén, cuyo titular es don Carlos Rueda Beltrán, hasta el Ministerio de Cultura del Gobierno de España.

Hemos conocido los juzgados de Instrucción 1, 2 y 3 de Jaén cuyos titulares son los señores magistrados Rizquez, Valdivia y Gasca.

Hemos paseado por ese Dédalo que es el Cuartel de la Guardia Civil de Jaén, y las Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía en Jaén.  Policia Local del Ayuntamiento de Jaén y Urbanismo de ese ayuntamiento.

Hemos acudido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Andalucía.

A la Audiencia Provincial de Jaén en sus diferentes Secciones.

Y al Defensor del Pueblo Andaluz.

Ahora ya estamos preparados para acudir a la Fiscalía de la Unión Europea, como paso preliminar y obligado antes de acudir al Comisionado para la Memoria de la Humanidad de la UNESCO.

Cuando de repente nos convoca la Fiscalía de Medio Ambiente y Patrimonio de Jaén para comparecer ante esta institución.

¿Qué le vamos a decir a la Fiscal doña Isabel Uceda? de lo que ya no tenga ella conocimiento si tiene a su servicio los auxilios a la justicia que le presta la policía, la guardia civil y las propias administraciones de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.

Cuando todas estas autoridades en veinticinco años que lleva destruyéndose el patrimonio arqueológico: no han visto, oído ni sentido nada.

Desde el día 17 de diciembre de 2019 entra en efectividad de la directiva UR/2019/1937, la que protege a los denunciantes de las represalias que somos objeto por señalar posibles delitos contra el Patrimonio en la Provincia de Jaén.