La deriva secesionista del gobierno autonómico de la Generalidad de Cataluña viola flagrantemente las leyes constitucionales españolas, en concreto, los artículos 544 a 556 del Código Penal español. El pueblo español no puede consentir que un grupo minoritario de una región comprometa gravemente la integridad territorial del Estado español, según se establece en la Constitución española. Asimismo, exigimos la aplicación tajante de la Constitución española para semejantes casos, en cumplimiento del artículo 155 de la misma. Igualmente, se deben suprimir y prohibir todos los partidos políticos que atentan contra España. Aparte de las implicaciones legales de tales actuaciones por parte de los sediciosos, la incomprensible tolerancia y la pasividad del Gobierno de España, la coyuntura nacional no permite pérdidas de tiempo y de recursos para generar ambientes conflictivos y de claro enfrentamiento contra el pueblo español.