La Constitución Española “… se fundamenta en la INDISOLUBLE UNIDAD DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, patria común e indivisible de todos los españoles, … (art. 2)

Al igual que los ciudadanos “… LOS PODERES PÚBLICOS ESTÁN SUJETOS A LA CONSTITUCIÓN y al resto del ordenamiento jurídico.” (Art. 9).

Según nuestro Código Penal (arts. 472, 544 y 545) aquellos que se alcen violenta y públicamente para  declarar la independencia de una parte del territorio nacional son reos de un delito de REBELIÓN. Además,  los que sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales, incurren en delito de SEDICIÓN. Y si los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición fueran personas constituidas en AUTORIDAD, serán castigados con la pena de diez a quince años.

Los sucesos que están teniendo lugar en Cataluña, en los que la máxima autoridad del Estado en la Comunidad Autónoma, se ha alzado contra el orden constitucional vigente, constituyen  una gravísima amenaza para la paz, la convivencia y la libertad de los españoles, y significan la consumación anunciada, por parte de las máximas autoridades autonómicas, de flagrantes delitos contra la Constitución y el orden público tipificados en nuestro Código Penal.

Ante la gravedad de tales actos, toda autoridad, todo poder público, quedará deslegitimado, si el peso de la ley no recayera, con el máximo rigor, sobre los autores de estos hechos.

Por eso, pídele al Presidente del Gobierno, al Ministro del Interior y al Fiscal General del Estado, que dicten las órdenes oportunas para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ministerio Fiscal, procedan a la identificación, detención y puesta a disposición judicial de los máximos responsables de la Generalidad de Cataluña.