Los funcionarios públicos, y por extensión los ciudadanos andaluces, están viendo cómo la Junta de Andalucía merma la calidad de los servicios públicos y opta por la privatización de los mismos. El Gobierno andaluz ha actualizado el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio cuya principal baza es un profundo recorte en las nóminas de los funcionarios. La Administración pública atraviesa, en plena crisis económica, uno de los momentos más difíciles, problema que ha cargado contra sus propios trabajadores que sufren los mayores recortes salariales de la historia.

Mientras tanto, la Junta conserva una maraña de empresas privadas, ahora reconvertidas en Agencias, y sustentan el mismo número de personal externo que de funcionarios públicos y laborales fijos. Todo ello, a pesar de los continuos fallos judiciales que arremeten contra la conocida como Ley del enchufismo. Entre 20.000 y 30.000 personas han entrado en la Administración por la puerta de atrás, sin realizar proceso selectivo de ningún tipo y cuyos contratos la Junta blinda a costa de las nóminas de los funcionarios. Miles de puestos de trabajo que podrían ser ofertados públicamente para todo aquel ciudadano que desee acceder legalmente a través de unas oposiciones.

Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios llevamos años denunciando esta descarada duplicidad de puestos de trabajo, que no sólo vacían de funciones al funcionario sino que además, en época de crisis, meten la mano en las arcas públicas para pagar las nóminas de miles de enchufados.