Honorables Senadoras y Senadores, Honorables Representantes a la Cámara:

Las ciudadanas y ciudadanos firmantes, en ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 23 y 40 de la Constitución Política de Colombia, nos dirigimos respetuosamente al Congreso de la República para solicitar el ejercicio inmediato de sus funciones constitucionales de control político frente a las decisiones que puedan adoptar el próximo Presidente de la República, doctor Abelardo de la Espriella, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, en relación con la política exterior de Colombia respecto del Estado de Israel y del pueblo palestino.

Contexto
Desde octubre de 2023, la Franja de Gaza ha sido escenario de una devastación humana sin precedentes. Diversos organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han documentado la muerte de decenas de miles de personas civiles, entre ellas un número muy elevado de niños, niñas y mujeres, así como la destrucción masiva de hospitales, escuelas, universidades, sistemas de agua potable, refugios y viviendas.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y B'Tselem han denunciado graves violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. Indudablemente las acciones de Israel constituyen genocidio o actos genocidas, mientras que otros procedimientos internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia, han reconocido la plausibilidad de los derechos invocados por Sudáfrica en el proceso iniciado bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y han ordenado medidas provisionales destinadas a proteger a la población palestina.

La situación no se limita a Gaza. Las hostilidades se han extendido a Cisjordania y el Líbano, donde operaciones militares israelíes han ocasionado numerosas víctimas civiles y desplazamientos masivos. Diversas organizaciones humanitarias han advertido que la expansión regional del conflicto incrementa el riesgo para la estabilidad internacional y exige una respuesta basada en el respeto al derecho internacional y a la protección de la población civil.

La posición de Colombia
En los últimos años Colombia adoptó una política exterior orientada a privilegiar la defensa del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, condenando las violaciones cometidas contra la población civil y suspendiendo determinadas formas de cooperación con Israel.

Estas decisiones proyectaron a Colombia como un Estado comprometido con el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, las Convenciones de Ginebra, el Estatuto de Roma y las obligaciones internacionales derivadas de los tratados de derechos humanos.

Asimismo, el papel desempeñado por Colombia en escenarios multilaterales, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando ha ejercido responsabilidades en dicho órgano, exige mantener una política exterior coherente con los principios de protección de la población civil, la soberanía y respeto al derecho internacional.

Diversas declaraciones públicas del Presidente electo han planteado iminentemente:

• Restablecer plenamente las relaciones políticas con Israel.
• Restablecer la cooperación bilateral.
• Reanudar la exportación de carbón colombiano hacia Israel.
• Revisar las restricciones actualmente existentes en materia de visados.
• Trasladar o abrir una embajada colombiana en Jerusalén violando el derecho internacional humanitario.
• Estas decisiones tendrían profundas implicaciones jurídicas, éticas y políticas.

En particular, el eventual establecimiento de una embajada en Jerusalén generaría serias preocupaciones. Numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sostienen que Jerusalén permanece bajo ocupación y cualquier estado que ponga su embajada allí es cómplice de ocupar un territorio soberano. 

Igualmente, la eventual reanudación de las exportaciones de carbón mantener este boicott es esencial para que otros países cumplan con el embargo energético a países que practican políticas de exterminio a comunidades.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente al Congreso de la República:

Primero. Citar de manera inmediata al Ministro de Relaciones Exteriores Omar Bula a un debate de control político sobre las reuniones que sostuvo con el gobierno de Israel y sobre la política exterior que el nuevo Gobierno pretende adoptar respecto de Israel y del pueblo palestino. 

Segundo. Solicitar la comparecencia de los funcionarios competentes para explicar las implicaciones jurídicas, diplomáticas, económicas y humanitarias de cualquier decisión relacionada con el restablecimiento pleno de relaciones bilaterales.

Tercero. Requerir al Gobierno Nacional que exponga públicamente los fundamentos jurídicos que respaldarían una eventual decisión de establecer una embajada colombiana en Jerusalén, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales asumidas por Colombia y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

Cuarto. Solicitar información detallada sobre cualquier decisión encaminada a reanudar la exportación de carbón colombiano hacia Israel, incluyendo las evaluaciones de riesgo realizadas conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y demás estándares internacionales aplicables.

Quinto. Convocar audiencias públicas con la participación de expertos en derecho internacional, representantes de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos, académicos y miembros de la sociedad civil, con el fin de garantizar un debate amplio, transparente e informado.

Como ciudadanía, consideramos que Colombia debe mantener una política exterior coherente con la defensa de la vida, de la dignidad humana, la protección de la población civil, el respeto por el derecho internacional y la búsqueda de una paz justa y duradera para Palestina. 

Respetuosamente,

El Pueblo