Cazadores, tiradores deportivos, coleccionistas de armas, policías, armerías, empresas de paintball, empresas de airsoft, jugadores de airsoft, recreacionistas históricos, museos, centros culturales, asociaciones de armas históricas, historiadores, empresas de cine y efectos especiales, vendedores de cuchillos, fabricantes de cuchillos y en definitiva cualquier ciudadano español que puede ver como sus derechos son vejados y su propiedad privada intervenida sin compensación por parte del Estado al aplicarse el nuevo Reglamento de Armas, que ha sido redactado de forma unilateral y sin consenso por los funcionarios del ICAE. Además tiene una redacción muy ambigua y peligrosa y califica como armas juguetes y cuchillos, dando a la Guardia Civil competencias sobre estos objetos incluyendo sanciones sobre el uso de los mismos de hasta 30.000 Euros.  Este borrador criminaliza a los ciudadanos españoles, no combate el crimen y encima pone en riesgo su propiedad privada y derechos civiles.