EL SALVADOR: GRANDES INVERSIONES, TRANSPARENCIA HÍDRICA Y DEFENSA DE EL ESPINO (Esp, Eng)
Liston Verde/Voto Ambiental 2027 - EL SALVADOR: GRANDES INVERSIONES, TRANSPARENCIA HÍDRICA Y DEFENSA DE EL ESPINO. ¿Cómo garantizar que las inversiones estratégicas sean coherentes con la protección del agua, los bosques y la biodiversidad?
El 13 de octubre de 2026 se anunció un acuerdo entre el Gobierno de El Salvador y el grupo español Cox por una inversión estimada de US$2.900 millones en infraestructuras de agua, saneamiento y energía. La empresa ha descrito cuatro áreas estratégicas: gas natural, almacenamiento energético, generación solar y gestión del agua. El acuerdo contempla la participación estatal en el segmento energético y queda sujeto a las aprobaciones correspondientes y a la formalización de acuerdos específicos. Fuente: El Salvador firma memorando de entendimiento con el grupo Cox: anuncian inversión de $2,900 millones en agua y energía
Una inversión de esta magnitud puede transformar sectores estratégicos del país. Precisamente por eso, exige transparencia, acceso oportuno a la información y garantías de que las decisiones financieras, energéticas e hídricas sean coherentes con la protección de los recursos naturales y los derechos de la población.
No cuestionamos una inversión por su origen privado ni damos por demostrada una irregularidad. Exigimos conocer los acuerdos, las obligaciones públicas y privadas, las condiciones de financiación, las evaluaciones ambientales, los mecanismos de supervisión y los resultados que se espera alcanzar. Cuando están en juego el agua, la energía y el territorio, la rendición de cuentas debe formar parte del proyecto desde su diseño.
Escuela Azul y ASA: ¿qué sabemos sobre la inversión, los resultados y la sostenibilidad?
La experiencia de Escuela Azul permite concretar estas preguntas. A través de una solicitud de información pública ante la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), conocimos datos sobre el proyecto piloto desarrollado en el Centro Escolar Cantón Las Hojas, en San Pedro Masahuat, La Paz.
En su respuesta institucional del 19 de marzo de 2026, correspondiente a la solicitud ASA-OIR-SI n.º 012-2026, la ASA informó sobre una inversión acumulada aproximada de US$1.62 millones, que comprendía diseño, construcción, supervisión, equipamiento y otros componentes. El proyecto incorpora captación de agua lluvia, tratamiento, almacenamiento, distribución, tratamiento de aguas grises y otras tecnologías orientadas a la gestión circular del agua.
Sin embargo, la misma respuesta indicó que el proyecto se encontraba en fase de evaluación y que todavía no existían resultados concluyentes ni indicadores estadísticamente robustos para determinar su impacto. Tampoco se disponía de información institucional sobre el presupuesto de mantenimiento posterior a la entrega del proyecto.
Esta información no demuestra que Escuela Azul haya fracasado. Sí revela una cuestión esencial para cualquier política pública: invertir en infraestructura no equivale, por sí solo, a demostrar resultados sostenibles. Para evaluar su contribución se necesitan indicadores, seguimiento durante un período suficiente, información sobre mantenimiento y evidencia de los beneficios para la comunidad educativa.
La experiencia también plantea preguntas sobre la política hídrica nacional. ¿Cómo se integran los proyectos piloto en una planificación de largo plazo? ¿Qué criterios permiten decidir su ampliación? ¿Cómo se garantiza que las inversiones respondan a las necesidades de cada territorio y protejan las fuentes de agua? ¿Dónde puede consultar la ciudadanía los resultados, presupuestos y evaluaciones?
El Salvador cuenta con un marco jurídico e instituciones responsables de la gestión del agua. El desafío es asegurar que la planificación se traduzca en resultados públicos verificables, coordinación entre sectores y protección efectiva de cuencas, acuíferos y zonas de recarga.
La transparencia no debe aparecer después de la inversión: debe acompañarla desde el principio.
Una misma responsabilidad pública: agua, energía y territorio
La inversión anunciada por Cox y la experiencia de Escuela Azul no son proyectos equivalentes. Sin embargo, ambos permiten plantear una exigencia común: que las decisiones sobre recursos estratégicos se fundamenten en información accesible, evaluaciones ambientales pertinentes y mecanismos verificables de rendición de cuentas.
En los proyectos hídricos, esto supone informar sobre fuentes de abastecimiento, disponibilidad del recurso, saneamiento, mantenimiento y efectos sobre las cuencas. En los proyectos energéticos, implica evaluar las infraestructuras, sus impactos y sus alternativas. En todos los casos, es necesario aclarar las responsabilidades del Estado, las empresas y las entidades supervisoras, así como publicar los instrumentos jurídicos y ambientales que correspondan.
La pregunta ciudadana es sencilla: ¿cómo se garantizará que la inversión en agua y energía contribuya al bienestar colectivo sin comprometer los ecosistemas de los que depende la vida?
Metrocables, Estadio Chino y nuevo CIFCO: las decisiones también se miden en impactos ambientales
En el Área Metropolitana de San Salvador, los proyectos de infraestructura y movilidad requieren especial atención cuando pueden afectar áreas naturales, cobertura boscosa, zonas de recarga hídrica o corredores ecológicos.
Las intervenciones asociadas a los metrocables deben evaluarse con información pública sobre sus trazados, alternativas, impactos acumulativos y medidas de prevención y mitigación. Es necesario determinar con documentación oficial si afectan áreas naturales protegidas u otros territorios con protección ambiental, en lugar de darlo por supuesto sin verificar cada trazado.
En El Espino, la construcción del Estadio Nacional y el nuevo CIFCO debe examinarse desde una perspectiva que considere no solo las obras, sino también el bosque, el agua, el suelo y la biodiversidad. En relación con el nuevo CIFCO, la respuesta obtenida del MARN mediante una solicitud de información declaró inexistentes los registros consultados sobre el proyecto identificado con ese nombre y ubicación. Esto no demuestra por sí solo que no exista documentación bajo otra denominación; hace necesario que las autoridades aclaren la situación mediante información oficial sobre permisos, evaluaciones, inspecciones y medidas de protección aplicables.
La ciudadanía necesita poder conocer qué se autorizó, qué se evaluó, qué impactos se identificaron y cómo se supervisará el cumplimiento de las obligaciones ambientales. También necesita información clara sobre los costos, las fuentes de financiación y los compromisos asumidos cuando existan recursos públicos o responsabilidades estatales.
El límite ecológico: la capacidad del bosque para sostener la vida
El impacto territorial no se reduce al número de árboles retirados. Un bosque urbano cumple funciones que dependen de la integridad de su ecosistema: infiltrar agua, regular la temperatura, conservar suelos, ofrecer refugio y alimento y sostener la conectividad entre hábitats.
Cuando la cobertura vegetal se reduce o el bosque se fragmenta, también disminuye el espacio disponible para que la fauna encuentre alimento, descanse, se reproduzca, se refugie y se desplace. Las perturbaciones humanas, la pérdida de refugios y la fragmentación pueden aumentar la exposición de los animales a atropellos, capturas y tráfico ilegal.
Por eso, debemos considerar la capacidad ecológica del territorio para absorber los impactos de las obras y seguir sosteniendo a las especies que lo habitan. No es suficiente trasladar animales, plantar árboles en otro sitio o prometer compensaciones sin evaluar si las medidas preservan las funciones del ecosistema y las condiciones necesarias para la supervivencia de la fauna.
El artículo 117 de la Constitución de la República establece el deber del Estado de proteger los recursos naturales y la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. También declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional y restauración de los recursos naturales. Este mandato debe orientar las decisiones públicas que puedan afectar los bosques y los hábitats de la fauna silvestre.
Nuestras demandas: transparencia, coherencia y protección efectiva
Solicitamos a las instituciones competentes:
- Publicar los acuerdos, compromisos, responsabilidades y mecanismos de supervisión relacionados con las grandes inversiones anunciadas en agua y energía, junto con la documentación ambiental que corresponda.
- Garantizar acceso a los resultados, indicadores, planes de mantenimiento y evaluaciones de Escuela Azul, así como explicar cómo se incorporará la evidencia obtenida a la planificación hídrica.
Publicar los estudios, permisos, trazados y medidas de mitigación aplicables a los proyectos de metrocable y a las intervenciones en El Espino. - Evaluar los impactos acumulativos sobre el agua, la cobertura boscosa, la biodiversidad y la conectividad ecológica, incluyendo los efectos sobre la fauna urbana y silvestre.
- Asegurar que las medidas de prevención, restauración y compensación sean verificables y que no se utilicen para justificar daños evitables.
- Garantizar participación ciudadana, acceso oportuno a la información y rendición de cuentas sobre los fondos públicos y las obligaciones ambientales.
Defender El Espino es defender el agua, la biodiversidad y el futuro común
Las grandes inversiones deben evaluarse no solo por su monto o por la infraestructura que prometen construir, sino también por su transparencia, sus resultados y su compatibilidad con los límites ecológicos del territorio.
El Espino no es un terreno vacío disponible para cualquier intervención. Es un ecosistema cuyo valor depende de sus árboles, su suelo, su capacidad de infiltración y las especies que encuentran allí alimento, refugio y condiciones para reproducirse y sobrevivir.
Exigimos coherencia entre los anuncios de desarrollo y el deber constitucional de proteger los recursos naturales. El agua y los bosques no pueden quedar relegados a una evaluación posterior, cuando las decisiones y los impactos ya sean difíciles de revertir.
Firma y comparte esta petición. Por transparencia, por justicia ambiental y por el derecho de las generaciones presentes y futuras a un ambiente sano.
EL SALVADOR: MAJOR INVESTMENTS, WATER TRANSPARENCY AND THE DEFENCE OF EL ESPINO
Citizen petition update - How can strategic investments be made consistent with the protection of water, forests and biodiversity?
On 13 October 2026, the Government of El Salvador announced an agreement with Spain's Cox Group for an estimated US$2.9 billion investment in water, sanitation and energy infrastructure. The company has outlined four strategic areas: natural gas, energy storage, solar generation, and water management. The agreement provides for state participation in the energy segment and remains subject to the relevant approvals and the formalisation of specific agreements. Source: Cox, official announcement.
An investment of this scale could transform strategic sectors of the country. Precisely for that reason, it requires transparency, timely access to information, and safeguards to ensure that financial, energy and water-related decisions are consistent with natural resource protection and people's rights.
We do not oppose an investment because it is private, nor do we claim that wrongdoing has been established. We call for disclosure of the agreements, public and private obligations, financing conditions, environmental assessments, oversight mechanisms and expected outcomes. Where water, energy and territory are at stake, accountability must be built into projects from the outset.
Blue School and ASA: what do we know about investment, results and sustainability?
The Blue School initiative provides a concrete basis for these questions. Through a public information request to the Salvadoran Water Authority (ASA), we obtained information about the pilot project at Centro Escolar Cantón Las Hojas in San Pedro Masahuat, La Paz.
In its response dated 19 March 2026, corresponding to request ASA-OIR-SI No. 012-2026, ASA reported cumulative investment of approximately US$1.62 million, covering design, construction, supervision, equipment and other components. The project includes rainwater harvesting, treatment, storage, distribution, greywater treatment and other technologies intended to support a circular approach to water management.
However, ASA also stated that the project was under evaluation and that conclusive results and statistically robust indicators were not yet available to establish its impact. The authority also lacked institutional information on the maintenance budget after the project was handed over.
This information does not prove that Blue School has failed. It does raise an essential question for any public policy: investment in infrastructure does not, by itself, demonstrate sustainable results. Evaluation requires indicators, sufficient follow-up, maintenance information and evidence of benefits to the school community.
The experience also raises questions about national water policy. How are pilot projects incorporated into long-term planning? What criteria determine whether they should be expanded? How can investment respond to local needs while protecting water sources? Where can citizens access results, budgets and evaluations?
El Salvador has a legal framework and institutions responsible for water management. The challenge is to ensure that planning translates into verifiable public outcomes, coordination across sectors and effective protection of watersheds, aquifers and recharge areas.
Transparency should not come after investment; it should accompany it from the beginning.
One public responsibility: water, energy and territory
The Cox investment announcement and Blue School are not equivalent projects. However, both support a common demand: strategic resource decisions must be based on accessible information, appropriate environmental assessments and verifiable accountability mechanisms.
For water projects, this means disclosing information about supply sources, availability, sanitation, maintenance and watershed impacts. For energy projects, it means assessing infrastructure, its impacts and alternatives. In all cases, the public must be able to understand the responsibilities of the State, companies and oversight bodies, and access the relevant legal and environmental instruments.
The public question is straightforward: how will investment in water and energy contribute to collective well-being without compromising the ecosystems on which life depends?
Cable-car projects, the Chinese Stadium and the new CIFCO: infrastructure also has environmental costs
In the San Salvador Metropolitan Area, infrastructure and mobility projects require particular scrutiny when they may affect natural areas, forest cover, water-recharge zones or ecological corridors.
Cable-car projects should be assessed through public information on routes, alternatives, cumulative impacts and prevention and mitigation measures. Official documentation should establish whether any proposed route affects protected natural areas or other environmentally protected territories, rather than assuming this without verifying each route.
In El Espino, construction of the National Stadium and the new CIFCO must be assessed not only in terms of the structures themselves, but also in terms of the forest, water, soil and biodiversity. Regarding the new CIFCO, an information response from MARN declared that the records consulted did not contain information on a project identified by that name and location. This does not by itself prove that no documentation exists under another designation. It makes it necessary for the authorities to clarify the situation through official information on applicable permits, assessments, inspections and protection measures.
Citizens need to know what was authorised, what was assessed, what impacts were identified and how compliance with environmental obligations will be monitored. They also need clear information about costs, funding sources and commitments whenever public resources or state responsibilities are involved.
The ecological limit: the forest's capacity to sustain life
Territorial impacts cannot be measured solely by the number of trees removed. An urban forest performs functions that depend on ecosystem integrity: water infiltration, temperature regulation, soil conservation, shelter and food provision, and connectivity between habitats.
When forest cover is reduced or the forest becomes fragmented, the space available for wildlife to find food, rest, reproduce, shelter and move also decreases. Human disturbance, loss of refuge and habitat fragmentation can increase animals' exposure to roadkill, capture and illegal trafficking.
We must therefore consider the ecological capacity of the territory to absorb the impacts of construction while continuing to sustain the species that inhabit it. Relocating animals, planting trees elsewhere or promising compensation is not enough without assessing whether these measures preserve ecosystem functions and the conditions wildlife needs to survive.
Article 117 of El Salvador's Constitution establishes the State's duty to protect natural resources and the diversity and integrity of the environment to ensure sustainable development. It also declares the protection, conservation, rational use and restoration of natural resources to be matters of social interest. This constitutional mandate should guide public decisions that may affect forests and wildlife habitats.
Our demands: transparency, consistency and effective protection
We call on the relevant authorities to:
Publish agreements, commitments, responsibilities and oversight mechanisms related to major water and energy investments, alongside the applicable environmental documentation.
Ensure access to Blue School's results, indicators, maintenance plans and evaluations, and explain how the evidence will inform water planning.
Publish the studies, permits, routes and mitigation measures applicable to cable-car projects and interventions in El Espino.
Assess cumulative impacts on water, forest cover, biodiversity and ecological connectivity, including impacts on urban and wild fauna.
Ensure that prevention, restoration and compensation measures are verifiable and are not used to justify avoidable damage.
Guarantee public participation, timely access to information and accountability for public funds and environmental obligations.
Defending El Espino means defending water, biodiversity and our shared future
Major investments should be assessed not only by their financial value or the infrastructure they promise to build, but also by their transparency, results and compatibility with the ecological limits of the territory.
El Espino is not vacant land available for any intervention. It is an ecosystem whose value depends on its trees, soil, water-infiltration capacity and the species that rely on it for food, shelter, reproduction and survival.
We demand consistency between development announcements and the constitutional duty to protect natural resources. Water and forests cannot be relegated to assessments conducted after decisions have been made and impacts become difficult to reverse.
Sign and share this petition. For transparency, environmental justice and the right of present and future generations to a healthy environment.
Leonel Herrera, periodista, Francisco Valencia, director del Diario Co Latino