"Es verdad que podríamos reducir todo este debate a la investigación de únicamente los hechos delictivos posteriores a su abdicación pero esta postura, además de plantear problemas jurídicos que expondremos en nuestro último artículo, significaría una renuncia a la investigación de la mayor parte de los delitos presuntamente cometidos por el propio Rey, cuestión que un Estado de Derecho no puede permitirse. Esta renuncia plantearía también graves problemas metodológicos en la investigación que comprometerían su éxito: ¿Hasta qué fecha podría el juez remontarse para investigar el origen y los movimientos bancarios sin afectar la inviolabilidad? ¿Qué sucede si todos los investigados hacen recaer toda la responsabilidad en el Rey y éste no pude declarar ni ser procesado?"