Primera notificación del expediente de la Defensora del Pueblo

El lunes 21 de noviembre la defensora del pueblo me ha remitido un primer escrito del expediente que mi petición ha generado en su institución. En él me da traslado de lo que el gobierno y el ministerio de justicia le han notificado con respecto a los fondos públicos destinados a la memoria histórica. Publico aquí las alegaciones que voy a presentar a dicho escrito puesto que no estoy conforme con los fundamentos que aparecen en la primera respuesta. En la carta se puede leer: “Estudiado el contenido de su escrito, se le informa de que según datos aportados por el Ministerio de Justicia recientemente, respecto de los recursos necesarios para que las familias localicen restos de sus familiares fallecidos, exhumación de los mismos y percepción de subvenciones, se informó que desde el año 2006 al año 2011 el estado ha concedido subvenciones para exhumaciones a Asociaciones y familiares por valor de 8.170.612,79 euros.” “Por causa de la crisis y las subsiguientes medidas de contención del gasto público, los Presupuestos Generales del Estado no han podido seguir incluyendo, en los últimos años, esta línea de financiación. No obstante, existe la voluntad política de continuar ayudando a las familias para localizar y exhumar los cuerpos de sus familiares.” “En relación con el mapa de fosas, el Ministerio de Justicia actualiza el mapa de fosas nacional en función de las informaciones que, tanto Comunidades Autónomas, Asociaciones memoralísticas como particulares le comunican una vez realizadas exhumaciones y labores de investigación. En este caso, y al igual que en el anterior, no es posible arbitrar nuevos fondos en los Presupuestos Generales del Estado para estos fines, aunque existe la voluntad política de volver a dotar presupuestariamente tales actividades.” Efectivamente, el gobierno se empezó a hacer responsable en parte de la memoria histórica hasta el 2011, año en que el partido popular ganó las elecciones. La postura que este partido político tiene con respecto a la memoria histórica ha quedado bien reflejada en las numerosas actuaciones y declaraciones que l@s miembr@s del mismo han realizado (ver comentarios a esta entrada). Alegar que la crisis ha impedido incluir esta línea de financiación y, sobre todo, que existe voluntad política de hacerlo, es indignante. El partido popular ha demostrado que cuando comulga con la causa no tiene problemas en buscar financiación. Por otro lado, los casos de corrupción que han ido apareciendo demuestran que dinero para enfrentar la crisis había, otra cosa es cómo ha sido empleado y hacia donde ha sido desviado. En el “Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Misión a España*” de julio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU se puede leer: “No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad. El modelo vigente de “privatización” de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad.” Amnistía Internacional en su informe sobre el estado de “Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975)” declara que: “Amnistía Internacional ha documentado que España no está investigando los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y advierte que se están incumpliendo obligaciones internacionales. Además, España incumple el deber de ejercer su jurisdicción penal contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional (Estatuto de Roma, Preámbulo). Tampoco se garantiza el derecho a un recurso efectivo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de jerarquía superior a las leyes. Asimismo, España incumple el principio según el cual un Estado “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado” (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 27). […] El Gobierno ha obstaculizado que las víctimas presten declaración, poniendo así trabas a que otros países investiguen crímenes de derecho internacional. Y el Poder Legislativo, reacio a ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, a su vez, ha confirmado la vigencia de la Ley de Amnistía1. Se advierte, por tanto, que todos los poderes del Estado español han tomado medidas que parecen buscar garantizar la impunidad de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.” Por lo tanto, es responsabilidad única del gobierno gestionar y llevar a término todas y cada una de las demandas que esta causa trae consigo. La labor y ayuda de personas y asociaciones privadas e instituciones autonómicas y municipales deberían ser complementarias a la labor estatal. Además, el estado debería hacerse cargo de la recuperación de memoria histórica sin que medien más peticiones particulares y escuchando a lo que ya es una necesidad social y sistémica.