La Federación Regionalista Verde Social junto al Senador Esteban Velásquez hacemos un llamado a los parlamentarios del Congreso Nacional a que rechacen la propuesta de indemnización estatal por las RCAs anuladas y en conjunto acudamos al Tribunal Constitucional para examinar su legalidad, velando por la protección de los derechos fundamentales. 

La reciente propuesta del gobierno en el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca que el Estado indemnice a los titulares de proyectos de inversión cuando su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada por un tribunal. Esta medida, preocupantemente, traslada la responsabilidad financiera de errores que son de los titulares de los proyectos de inversión a toda la ciudadanía chilena y otorgan beneficios económicos exclusivos a inversionistas frente a otros actos administrativos del Estado que son anulados sin compensación, vulnerando derechos fundamentales consagrados en la Constitución. 

En muchos casos, las RCAs son anuladas debido a fallas en cumplir con las regulaciones ambientales, las cuales son necesarias para la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades afectadas. Si el Estado asume la carga de compensar estos errores, se perderá el incentivo fundamental para que los desarrolladores privados realicen proyectos más seguros y sostenibles desde el principio. Además, esto generará una carga económica injusta e importante sobre los contribuyentes chilenos.

Según estudios recientes, más del 30% de las anulaciones de RCAs están relacionadas con evaluaciones inadecuadas del impacto ambiental. Las deficiencias técnicas, como errores en las metodologías del levantamiento de las línea de base socio-ambiental, la omisión de impactos significativos o modelaciones deficientes, representan la principal causa detrás de las decisiones judiciales que anulan o retrotraen un permiso ambiental. Al permitir indemnizaciones estatales en estos casos, estaríamos promoviendo un sistema donde las empresas pueden actuar con menos precaución, sabiendo que en última instancia no serán financieramente responsables.

Proponemos soluciones alternativas para que un titular de proyecto tenga certeza jurídica y se incentive el cumplimiento de las leyes ambientales, sin sacrificar el bolsillo de los ciudadanos ni sus derechos constitucionales. Por una parte, el Estado a través de sus gobiernos regionales debieran tener actualizados los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, que definen las zonas aptas para los diferentes fines productivos dentro de cada territorio. Además, debieran existir inventarios socioambientales con información levantada de manera sistemática en el tiempo y en el espacio,  financiadas por el Estado de Chile, actualizadas de manera regular. De este modo un titular de un proyecto de inversión no tendría que cada vez realizar una línea de base socio-ambiental, muchas veces de muy mala calidad metodológica y técnica. Es ahí en donde el Estado debe invertir, en conocimiento sobre la localización del patrimonio natural y cultural de Chile, utilizando toda la tecnología disponible para su levantamiento en terreno, monitoreo y colocar a disposición dicha información de manera gratuita a toda la sociedad.

Firme esta petición para exigir un enfoque más justo y responsable que no sobrecargue a los ciudadanos con los costos de los errores privados y se proteja el principio de igualdad ante la ley consagrada en nuestra carta fundamental.