Una vez más en la República Argentina surgen indicios que la Ley NO es igual para Todos, el candidato con mayor caudal de votos en las recientes elecciones PASO 2019, Alberto A. Fernández, en declaraciones a los medios de comunicación advirtió que: “si gana las elecciones los jueces que investigan a la ex presidente -hoy su compañera de fórmula, Cristina E. Fernández Vda. de Kirchner- ‛deberán dar explicaciones’ y que podrían terminar siendo sometidos a juicio político”.
¿No existe en la cabeza, de un probable futuro presidente de la Nación, la noción de que uno de los requisitos de nuestra república representativa es la separación e independencia de poderes?
Entonces él no debe advertir a los jueces que están llevando adelanta causas contra su compañera de fórmula… una mujer a la que la justicia le ha imputado ser la jefa de una asociación ilícita y liderar un plan de corrupción sistémico. Como todo argentino de bien, si lo es, debe someterse a la justicia y acatar sus decisiones.
El candidato mencionado podría haber incurrido en el delito de amenazas previsto en el artículo 149 bis del Código Penal, pero no nos corresponde a nosotros juzgarlos… esa tarea es competencia del poder judicial y el mismo debe ser independiente.
¿Podrá, esta vez, la justicia argentina probar que la Ley es Igual para Todos?
Al comparar las diferencias existentes en el debido proceso a una ex presidente acusada de la máxima corrupción de la historia y en contraste los llamados juicios de lesa humanidad a las Fuerzas Legales del estado que actuaron en una guerra interna en salvaguarda de la vida de la mayoría de la población… sinceramente opinamos que esos juicios están plagados de “irregularidades jurídicas”, como el evidenciado en esta oportunidad. Razón por la cual insistimos en la necesidad de firmar nuestra petición qué se efectúe una auditoría jurídica sobre todo lo actuado en los juicios de lesa humanidad.
Nuestra petición ya tiene carácter de MUY URGENTE, en recientes días han continuado falleciendo muchos Presos Políticos, situación muy grave que impone que el estado disponga en forma inmediata la auditoría peticionada y en forma global, no tratando causa por causa… eso llevaría años y cuando los peritos emitan su dictamen será demasiado tarde… HABRÁN MUERTO TODOS LOS DETENIDOS.
Se sospecha a raíz de diversas denuncias que la justicia y el estado no han garantizado el debido proceso (artículo 18 de nuestra Constitución Nacional) a quienes combatieron contra el terrorismo cumpliendo órdenes emanadas de las más altas autoridades del estado, no tenían capacidad de decisión alguna y no podían desobedecer las mismas debido al principio de obediencia debida, pilar fundamental de la disciplina y accionar de las Fuerzas Armadas de la República Argentina.
En virtud de la grave situación que padecen todas las personas detenidas en esos juicios y el próximo cambio de gobierno el 10 de diciembre de 2019, nos vemos en la obligación moral y ética de efectuar:
- una primera elevación de esta petición a los destinatarios el próximo 30 de septiembre para que de inmediato tomen cartas en el asunto -dejen momentáneamente su actividad electoral- y dispongan la ejecución de la auditoría y la excarcelación o beneficio de prisión domiciliaria a todos los presos por estas causas, aplicando los principios del beneficio de la duda y de la ley más benigna.
- Posteriormente y dentro de los 100 primeros días del nuevo gobierno se efectuará la elevación final a las nuevas autoridades a los fines que se cumpla lo peticionado legítimamente ante las autoridades.