Ana Katiria Suárez Castro, hoy está siendo objeto de criminalización, difamación y persecución mediática por parte de agresores que, valiéndose de su poder económico y político, han buscado silenciar su labor y deslegitimar los derechos de las víctimas que representa. Estas acciones se dan en complicidad con algunas autoridades, quienes, en lugar de garantizar el acceso a la justicia, han optado por perpetuar la violencia y la impunidad a través de la fabricación de pruebas y testimonios falsos.

El acoso y las intimidaciones que enfrenta derivan directamente de su compromiso con la defensa de los derechos de sus sobrinos y su madre quienes denunciaron graves actos de violencia familiar, abuso sexual y corrupción de menores cometidos por Guillermo Sesma Suárez. Como defensora de derechos humanos, está comprometida a visibilizar estas estrategias que no solo buscan destruir su credibilidad, sino también impedir el acceso a la justicia de las víctimas más vulnerables: niñas, niños y mujeres.

El uso de medios de comunicación para difundir información falsa, divulgar datos confidenciales de las víctimas y promover un discurso de odio en su contra es un claro ejemplo de violencia institucional y digital. Estas acciones no solo vulneran su integridad, sino que exponen a las víctimas a un peligro latente, evidenciando las fallas estructurales de un sistema que debería protegerlas.

Además, los actos de hostigamiento físico, como intentos de intimidación directa y vigilancia constante, reflejan un entorno hostil que pone en riesgo no solo su seguridad, sino también la de las personas a las que representa Esta situación se agrava por las declaraciones y actos de funcionarios públicos que, en lugar de actuar con imparcialidad, han optado por reproducir discursos de violencia y discriminación hacia su persona y su labor.

Exigimos que cesen las campañas de difamación, las amenazas y la persecución, y que se garantice su derecho a vivir una vida libre de violencia, así como el acceso pleno y efectivo a la justicia para las víctimas que representa. La violencia institucional y la colusión entre poderes no pueden ser toleradas en un Estado que se precie de ser democrático y respetuoso de los derechos humanos.