"Cuando una institución prefiere ocultar que existe un protocolo antes que proteger a las víctimas, algo va muy mal."

Hace unas semanas solicité al Ministerio del Interior copia del protocolo policial para atender violencia intrafamiliar entre adultos, es decir, la ejercida por ascendientes, descendientes, hermanos u otros miembros de la familia que no entra en violencia de género ni maltrato a mayores, sino que es un presunto maltrato psicológico prolongado. 

La respuesta oficial ha sido negarse a decir incluso si ese protocolo existe o no, alegando que facilitar esa información podría “perjudicar la seguridad pública” y otros motivos que nada tienen que ver con la protección de las víctimas.

O dicho de forma más coloquial: "¿A dónde vas? Manzanas traigo."

Este es un ejemplo claro de cómo la opacidad institucional deja a las víctimas sin protección real: no se sabe si existe un protocolo, no se exige formación específica y continuada, y se ignora la violencia psicológica prolongada en el entorno familiar.

📢 Esto no es un fallo aislado: es un patrón que se repite en todas las instituciones que deberían protegernos.

RESPUESTA ABSURDA:

La información solicitada hace referencia a procedimientos o protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que, sin entrar a valorar su posible existencia o no, se considera que se encontraría fuera de lo que se entiende por información pública. Incluso en el supuesto de que así fuera considerada, se encontraría incluida en las causas de denegación recogidas en los epígrafes d), e) y g) del artículo 14.1 de la Ley de Transparencia, ya que facilitar dicha información podría suponer un perjuicio para la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de posibles ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, así como a las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

El Ministerio del Interior me ha contestado que ni siquiera confirman si el protocolo que he pedido existe o no.
Y que, aunque existiera, no me lo darían porque —según ellos— entregar esa información podría:

• Perjudicar la seguridad pública.
• Poner en riesgo la prevención e investigación de delitos.
• Afectar a la sanción de posibles delitos o infracciones administrativas.
• Dificultar la vigilancia, inspección y control que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En otras palabras: preguntar cómo te van a proteger puede ser “peligroso” para la seguridad… pero no tener ese protocolo, o que no esté claro, no lo es.