Actualmente las diferencias de salarios de los EMPLEADOS PÚBLICOS entre unas comunidades y otras, oscilan entre los 400 y los 1.500 euros/mes.

Sin entrar a valorar otras cuestiones que también deberán tenerse en cuenta, como las ayudas sociales, los privilegios y requisitos a la hora de participar en una oposición o en los traslados, lo cierto es que una diferencia de entre un 25% y un 35%, crea una serie de agravios entre los empleados de las distintas comunidades autónomas, las administraciones locales y la Administración General del Estado, que unido a la pérdida acumulada del poder adquisitivo durante el periodo de crisis, debe ser objeto de análisis y reversión dentro de los próximos años.

Estas injusticias mantenidas en el tiempo suponen un sentimiento de que sin perjuicio de una idéntica responsabilidad la compensación y reconocimiento salarial no es en absoluto la misma.

Por ello, instamos al Gobierno del Estado, a los de cada una de las Comunidades Autónomas y de las administraciones locales, inicien en sus respectivos ámbitos de negociación, procesos de análisis, que hagan revertir estos agravios y en consecuencia el reconocimiento de unas retribuciones acordes con las tareas que se realizan y no por el lugar en que se ejercen.