Básicamente, el colectivo demanda que el Banco Nacional de Datos Genéticos -creado en 1987 para "facilitar la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación"- retome su condición de "gratuito y universal", con el fin de que "sea abierto no sólo a casos de apropiaciones durante el terrorismo de Estado, sino a todos los tiempos históricos de Argentina, antes, durante y después de la dictadura", detalla la entrevistada.