Queridos firmantes y aliados en esta causa vital:

Han pasado días desde nuestra última actualización, pero el dolor de miles de familias españolas no ha disminuido. Al contrario: en 2025, los datos y los testimonios que recibimos diariamente en Padres Unidos 🧡 revelan una realidad aún más cruda. Cada día, cientos de padres seguimos siendo apartados de nuestros hijos e hijas por denuncias que, en innumerables casos, se basan en hechos no probados o directamente falsos, dejando cicatrices irreversibles en el tejido familiar. Desde nuestro grupo de WhatsApp –que no para de crecer, con padres de toda España uniéndonos para apoyarnos mutuamente, compartir experiencias y alzar la voz–, evidenciamos un sistema que prioriza la rapidez sobre la equidad, violando el principio constitucional de presunción de inocencia (artículo 24.2 de la Constitución Española).

El Problema: Una Realidad Oculta Bajo Estadísticas y Silencios

En España, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha salvado vidas, pero su aplicación en procesos familiares ha generado un desequilibrio alarmante. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el primer trimestre de 2025 se registraron 199.094 denuncias por violencia de género, un aumento del 4,28% respecto a 2024. De ellas, miles derivan en medidas cautelares automáticas –como órdenes de alejamiento– que separan a padres de sus hijos sin juicio previo, estigmatizándonos públicamente como “maltratadores” antes de cualquier prueba.

La Fiscalía General del Estado insiste en que las denuncias falsas son mínimas: solo el 0,01% de las más de 2,8 millones acumuladas desde 2004 han resultado en condenas por falsedad. Sin embargo, esta cifra es controvertida. Estudios independientes, como el del Hospital Vall d’Hebrón, estiman que hasta el 60% de las denuncias por abuso sexual en contextos de separación son infundadas o manipuladas. Y los casos judiciales de 2025 lo confirman: un padre de Madrid ha pasado 12 años separado de su hijo por una denuncia falsa contra su exabuela, que se extendió a él sin pruebas. Otro, en el caso de Juana Rivas, destaca cómo denuncias reiteradas –sin penalización– destruyen vínculos paterno-filiales. Incluso juezas de familia admiten: “Contra la falsa denuncia no se puede nada”, revelando la impotencia del sistema actual.

Este no es un mito: es una vulneración sistemática del derecho a la presunción de inocencia, que genera un daño emocional incalculable. Estudios de 2024-2025, como la revisión sistemática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), muestran que los niños separados injustamente de un progenitor experimentan un 30-50% más de riesgo de trastornos de ansiedad, baja autoestima y problemas escolares. Niños en edad preescolar se culpan a sí mismos, desarrollando miedos crónicos y pérdidas de apego emocional que perduran hasta la adultez. En palabras de un padre en nuestro grupo: “Mi hija de 8 años me pregunta por qué no la quiero ya. ¿Cómo explico que una denuncia sin pruebas nos robó tres años juntos?”

No somos casos aislados. Nuestro movimiento crece: en X (@Padresunidos_es), hemos compartido testimonios como el de Hugo, víctima de una denuncia falsa que lo alejó de su hijo durante meses, o debates sobre el “estado de terror” jurídico desde 2004. Cada post genera cientos de interacciones, rompiendo el silencio que el sistema impuso durante décadas.

Avances en 2025: Reformas Insuficientes que Exigen Más Acción

Este año ha visto pasos adelante, pero insuficientes. La Ley 1/2025, de 15 de mayo, modifica el Código de Derecho Foral en materia de custodia, promoviendo la compartida como norma preferente siempre que beneficie al menor. La nueva regulación de custodia compartida –aprobada en marzo por el Congreso– refuerza el equilibrio parental y el derecho del niño a ser oído, con presunción de minoría de edad en procedimientos. En Aragón, la modificación del Código Foral favorece la custodia compartida y actualiza sucesiones familiares. Y la Sentencia del Tribunal Supremo 241/2025 critica duramente las vulneraciones a la presunción de inocencia en casos de custodia.

Sin embargo, estas reformas no abordan el núcleo: las medidas cautelares automáticas persisten, y el anteproyecto de Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria (aprobado en Consejo de Ministros en 2025) se centra en proteger a mujeres y niños, pero ignora el impacto bidireccional en familias y la necesidad de sanciones rápidas por denuncias falsas. El servicio 016 del Ministerio de Igualdad atendió 59.317 consultas en el primer semestre de 2025 –un récord–, pero sin protocolos específicos para evaluar la veracidad inicial de denuncias en contextos familiares. Necesitamos más: un cambio legislativo que integre la perspectiva de género con la igualdad real, como propone nuestra campaña #ViolenciaSinGénero en redes.

Lo que Pedimos: Claro, Justo y Urgente

Nuestras demandas siguen vigentes, pero las reforzamos con la urgencia de 2025:

Respeto absoluto a la presunción de inocencia: Ninguna medida cautelar sin evaluación inmediata y provisional, alineada con la STS 241/2025.
No a la pérdida automática de contacto: Solo con sentencia firme y pruebas sólidas, priorizando siempre la custodia compartida como en la Ley 1/2025.
Derecho de los niños a ambos progenitores: Estudios confirman que la separación injusta multiplica por tres el riesgo de problemas mentales a largo plazo. Salvemos sus vínculos.
Mecanismos contra denuncias falsas: Aumentar penas disuasorias (hasta 10 años, como proponemos) y crear unidades especializadas, reconociendo que destruyen vidas tanto como cualquier violencia.
Cambio legislativo y social: Reforma integral de la LO 1/2004 para promover corresponsabilidad parental e igualdad, con formación judicial obligatoria en perspectiva infantil.
No pedimos privilegios: exigimos justicia, igualdad y el fin de la criminalización de padres inocentes. Nuestros hijos no pueden ser víctimas silenciosas de un sistema que, en 2025, aún falla en equilibrar protección y equidad.

Únete a la Lucha: Somos Miles, Pero Necesitamos Millones

Somos padres, trabajadores, ciudadanos que no callaremos. Firma, comparte y síguenos para amplificar esta voz. El Gobierno, Congreso, Senado, Poder Judicial, Fiscalía y Defensor del Pueblo deben actuar ya. Exigimos también que medios como EL PAÍS o La Sexta den visibilidad a esta crisis, más allá de los titulares sesgados.

Nuestros hijos merecen crecer con el amor de ambos progenitores. ¡No más silencios!

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