Berta Lago, de la oficina jurídica de derechos sociales de la ONG ATD Cuarto Mundo, señala que, en muchos casos, se está reclamando miles de euros a personas que apenas tienen recursos para sobrevivir.
Lago señala que la prestación nacional, en concurrencia con las distintas ayudas autonómicas han creado mucha inseguridad, «incluso miedo» entre las personas que recibían las prestaciones, porque no sabían en qué momento podían quedar fuera del sistema si se acogía a una u otra. Afirma que, en lugar de mejorar la situación, se produjo un empeoramiento de la situación.
«Soluciones muy poco dignas»
Apunta que las rentas mínimas que ha legislado cada comunidad autónoma no coinciden en requisitos entre ellas y tampoco con el ingreso mínimo vital, lo que da lugar a que se hayan paralizados las solicitudes de renta mínima regionales para que la realizaran a través del IMV y esperar por esa resolución. Afirma que muchas personas no tenían con qué vivir y muchos tuvieron que recurrir a los bancos de alimentos y otras soluciones «muy poco dignas».
Reconoce que si bien se han podido producir cobros indebidos, por el mismo objeto de dos administraciones, no es algo imputable a las personas, sino que las prestaciones estuvieron mal diseñadas, porque ninguna de las dos tenían una cuantía suficiente, y las personas que la cobraron «no se están precisamente lucrándose ni utilizándolas para gastos suntuosos».