Todos los países avanzados, las instituciones de la Unión Europea y los mas prestigiosos organismos internacionales tienen un sistema de dirección pública, en ocasiones muy avanzado y profesionalizado. España no ha iniciado ese camino a pesar de que lo marcó mediante una ley - la 7/2007 - hace cerca de 9 años. Algunos gobiernos locales y regionales han comenzado tímidamente a planteárselo.

Está demostrado que la profesionalización de la dirección pública es clave para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y para luchar contra la corrupción.
No basta para ser directivo público profesional pertenecer a un partido político ni ser funcionario.

Es necesario que las personas que ocupan esos puestos determinantes para la buena marcha de la salud, la educación, la seguridad, etc. posean competencias directivas, adquiridas mediante la formación y el desempeño de puestos de esas características.

El nuevo gobierno del Estado debe impulsar una profesionalización decidida en las empresas públicas, la Administración y ha de servir de ejemplo y referencia a los de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.