El Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia
financiera, ha permitido la regulación de determinadas entidades de crédito para  adoptar políticas y estrategias para mejorar su resistencia a los riesgos.
Esta licencia va a tener un efecto demoledor en los pueblos pequeños, que ven cómo las únicas entidades bancarias que aún prestaban sus servicios están anunciando el cierre de oficinas y el desmantelamiento de cajeros automáticos, dejando en completo desamparo a una población envejecida, sin transporte público y sin capacidad para desplazarse.

Esta protección de los intereses de las entidades financieras sin crear una alternativa previa, va a crear un perjuicio tremendo en las zonas rurales, ya muy afectadas por la despoblación y las crecientes desigualdades.

Es necesario que el Ministerio de Hacienda intervenga, para que las entidades de crédito construyan alternativas viables antes de cerrar estas oficinas, como visitas personalizadas a domicilio de agentes bancarios u oficinas abiertas de forma periódica en días concretos. 

Porque no podemos hablar de lucha contra la despoblación y en favor de los derechos de las zonas rurales, sin poner una oposición firme a estas medidas. 

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