El Gobierno del Estado Español propone una Ley que limita claramente derechos civiles reconocidos a los ciudadanos. Con esta propuesta el Gobierno del Estado lo que pretende es aprobar una Ley mordaza, dotarse de un “chaleco anticiudadanos”. Un posicionamiento indigno de un Estado democrático, pues se pretende anular la capacidad de los ciudadanos de expresar, de forma pacífica, sus opiniones bajo la amenaza de sancionar comportamientos básicos.

Es una ofensiva en toda regla contra derechos consagrados a nivel constitucional, como el de manifestación o la libertad de expresión. Es una clara regresión hacia modelos no democráticos.

Si aceptamos, sin más, esta nueva involución hacia un estado no democrático, seremos subditos, no ciudadanos con plenos derechos.