Manifiesto 4 del Centro Político

La Constitución: Escudo de Colombia

Septiembre 26/26

Los suscritos ciudadanos, y una primera institución que ha querido sumarse a este proyecto, consideran que la defensa de la Constitución es un objetivo prioritario en las actuales circunstancias. Lo hacen convencidos de que sus valores son correctos, sus instituciones, aunque con excepciones, adecuadas, y que su expedición ocurrió en un momento de gran convergencia nacional.

1. La guerra cultural

Este factor de confrontación social, que viene de tiempo atrás y ocurre en muchas partes del mundo, se agudizó durante el pasado gobierno y subsiste en el actual así los referentes ideológicos sean distintos. En su discurso de posesión, de la Espriella anunció una guerra cultural desde la orilla opuesta para restaurar el orden moral, la autoridad, la familia tradicional y la centralidad de la religión en la vida pública.

Este compromiso explica decisiones tales como revertir el nombramiento de una persona homosexual para un alto cargo, así sus credenciales profesionales fueren óptimas; en combatir“la ideología de género”; y en la utilización de la religión confines políticos, como por ejemplo la coronación de símbolos religiosos.

El uso recurrente de la expresión“Viva Cristo Rey” en los discursos presidenciales nos preocupa: fue usado como grito de guerra en los violentos enfrentamientos de los partidos políticos en el siglo pasado. Ese precedente trágico no puede ignorarse.

Ciertos nombramientos de ministros pueden augurar políticas encaminadas a restringir los derechos de aquellos cuya vida sexual es diversa, a sesgar la educación por motivos religiosos, y a la intención de imponer en las aulas una visión cerrada de la historia de nuestra nación.

La guerra cultural es contraria a la Constitución. El Estado debe proteger ladiversidad cultural (art.1), coloca en pie de igualdad a todas las confesiones religiosas (art. 19), garantiza la libertad de enseñanza (art. 27), protege el libre desarrollo de la personalidad (art.16), y asegura la libertad de todas las personas (art. 28).

2. Ejercicio del poder presidencial

Con buen criterio, el presidente está empeñado en generar una disciplina comunicacional que le dé claridad a sus propósitos. Sin embargo, centralizar en él mismo la difusión de los mensajes puede tener consecuencias negativas.

Cierto  es que el presidente es suprema autoridad administrativa (art. 189), pero el gobierno está integrado conjuntamente por el presidente y los ministros (art. 115); además, ellos son medios de comunicación del gobierno con el Congreso (arts. 135 y 208), el cual puede ordenarles comparecer a debates políticos. Como suele suceder, los periodistas los interrogan al final de la sesión. Las restricciones que se les han impuesto pueden hacer daño al gobierno y dificultar sus tareas comunicacionales, que son de la esencia de esos cargos. Al Parlamento y sus pasillos se asiste precisamente para “parlamentar”.

La disciplina adoptada puede conducir a un gobierno autoritario y unipersonal semejante a otros que le sirven al presidente de la Espriella de paradigma. La destitución del director del DANE, a pesar de que esa entidad goza de autonomía técnica, y de que la difusión de sus informes es pública y obedece a una programación estricta, debilita la credibilidad de esa institución. Darle total autonomía para el cumplimiento de sus funciones, como la que ostenta el Banco de la República en materias monetarias, sería una reforma de alta conveniencia nacional.

3. Relaciones con la prensa

El gobierno ha tomado la decisión de reducir y despolitizar los medios de comunicación estatales. Respaldamos esa política. Sin embargo, cabe advertir que la libertad de prensa tiene dos dimensiones diferentes: la de informar y la de recibir información veraz y oportuna (art.19). En este contexto nos preocupan:

• Los cierres intempestivos de programas de opinión política en medios de comunicación privados. Cuando esa circunstancia coincide con la antipatía, real o presunta, de los gobernantes hacia determinados periodistas, la conclusión obvia es que pudo haber censura gubernamental, la cual, por supuesto, no tiene que ser explícita.

• La estrategia de no conceder ruedas de prensa abiertas a los diferentes medios. Si el presidente y otros altos funcionarios escogen a sus interlocutores, surge la sospecha de que previamente se ha pactado la exclusión de temas y preguntas incómodas.

En casos como estos, además, se debilita el derecho de participación de los ciudadanos (art. 40), una de cuyas manifestaciones primordiales es la crítica del poder. En la gestión del Estado debe asignarse un valor elevado a la transparencia, así en el proceso de toma de decisiones sea indispensable el sigilo.

4. Libertad de sindicatos y gremios Cuando el poder político fluye desde el Estado hacia los ciudadanos puede surgir la tiranía; si se configura desde abajo, la democracia florece. Por eso dice la Constitución que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del que emana el poder público” (art.3). El pueblo somos los ciudadanos como titulares de los  derechos políticos (art.40), que podemos ejercer solos o asociados con otros (art.38).

La Carta de 1991 amplió este derecho haciendo mención específica a gremios y sindicatos, que son modalidades de acción colectiva de trabajadores y empleadores en defensa de sus intereses. Para garantizar su libertad, se exige al gobierno no intervenir en su creación y funcionamiento (arts.39 y 103). Existen abundantes indicios para creer que el gobierno pretende interferir en el funcionamiento de los gremios. En tal caso, sería por entero lógico que se intentara una estrategia semejante con relación a las organizaciones sindicales. Así unos y otros pasarían a ser dependencias gubernamentales. La libertad para defender sus intereses dejaría de existir.

Conviene hacer notar esta paradoja: para los grandes empresarios de ordinario es fácil acceder de manera directa al gobierno, opción que resulta remota para los medianos y pequeños. Es posible, por lo tanto, que aquellos saquen partido de su estatus preferencial. Nos parece indispensable que el gobierno haga explicita su posición sobre este debate crucial.

Queremos destacar la adhesión de un grupo de estudiantes y jóvenes profesionales comprometidos en la defensa de una Constitución que la generación de sus padres impulsó con tanto entusiasmo a través del mecanismo de la “séptima papeleta”.

Adhieren a este manifiesto los siguientes ciudadanos:

Ana Sofía Santos

Daniel Gutiérrez

Danna Beltran

David Vargas

Juan Diego Masso

Julie Pedraza

María José Castañeda

Estudiantes y jóvenes profesionales

Melani Vargas

Nicolas Jimenéz

Nicoll Parra

Paula Villegas

Samuel García

Thomas Lara

Tomás Mejía López.

3Alejandro Gaviria

Alejandro Reyes Posada

Alfredo Lewin

Alfredo Sarmiento

Ana Cristína Vélez

Andrés Caro

Camilo Reyes

Carlos Pineda Durán

Cecilia López Montaño

Cecilia María Vélez

Clara Inés Chaves Romero

Eduardo Lora

Eduardo Muñoz

Eduardo Pizarro Leongómez

Enrique Uribe Botero

Felipe Valencia C.

Gonzalo Pérez

Gustavo Duncan

Hernán Avendaño

Hernán Pérez de Brigard

Hernando Corral

Hugo Acero

Humberto de la Calle

Jaime Paredes

Jorge H. Botero

Ciudadanos, académicos, profesores, columnistas

Jorge Iván González

Jorge Ramírez Ocampo

José Antonio Ocampo

José Luis Ramírez

Juan José Echavarría

Juan Camilo Restrepo

Juan Daniel Oviedo

Juan Mayr

Luis Alberto Zuleta

Manuel Rodríguez Becerra

María Teresa Garcés

María Teresa Herrán

Martha Ardila

Mauricio Reyes Posada.

Mauricio García Villegas

Mauricio Rodríguez Múnera

Mauricio Pava Lugo

Moisés Wasseraman

Paula Ruíz

Pedro Medellín Torres

Pilar Gaitán

Rafael Aubad

Raúl Barake

Santiago Pombo

Sonia Durán

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Protejamos la Constitución, María Camila Díaz, gerente