Apelando a la ética política, pero sobre todo por respeto a los mexicanos, los interesados en participar en las elecciones, presenten un certificado suscrito por especialistas, que acrediten que física y psicológicamente están aptos para ocupar el cargo.

Es irracional que permitamos que nos gobiernen especímenes políticos que no pueden superar siquiera el más elemental examen físico y psicométrico y mucho menos de confianza, como el que obligatoriamente deben aprobar muchos otros servidores públicos, so pena de ser despedidos. 

¿Por qué no incorporar esta exigencia al momento de su registro como aspirantes a cualquier cargo electoral? ¿Por qué no develar el verdadero estado físico e intelectual de quienes nos gobiernan o aspiran a gobernanos?

Obviamente, esta propuesta tendría que partir de un serio planteamiento de origen ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y una reforma constitucional para incorporar estos requisitos al Artículo 82, principalmente para aquellos que aspiran a la Presidencia de la República.

A pesar de que parece que nos hemos malacostumbrado a los políticos cínicos, mentirosos y rapaces, por qué no exigir que se reglamente el derecho de los mexicanos a conocer el estado físico y mental de los aspirantes y/o gobernantes y dejarnos de rumores propalados a diestra y siniestra.

¿No sería mejor dejar de decir o escribir “existe el rumor de que XX está enfermo” solamente para provocar crisis políticas artificiales que deterioran aún más la situación del país?