Nuevamente, los últimos de la fila. Ni tests ni medicamentos. Y si los hay, es mercadeando por ello (pagado por los padres de los usuarios). Todo ante la pasividad de unas autoridades sanitarias y de bienestar social madrileñas que han decidido que esta población (incluidos sus trabajadores) no forma parte del colectivo de riesgo a diferencia de los ancianos.  Y, otra vez, dentro en un centro concertado con la Administración.