Ahora debemos recordar que en la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, donde se establecen una serie de medidas cercenantes de los derechos adquiridos por los trabajadores de la Función Pública de Castilla y León, como el incremento en media hora de la jornada laboral diaria y la rebaja de la complementación económica de la prestación por incapacidad temporal, también se recoge el compromiso del PP de Castilla y León de que las medidas que se contemplan en los capítulos I, II y III del Título IV “tendrán carácter TEMPORAL y mantendrán su vigencia hasta que el crecimiento económico supere el 2,5 % del Producto Interior Bruto Interanual de Castilla y León”. Compromiso que reitera en la exposición de motivos del Decreto 59/2013, que regula la jornada, horario, vacaciones etc., del personal funcionario de la Administración de Castilla y León, al reflejar que: “Las recientes modificaciones introducidas, con carácter TEMPORAL hasta que el crecimiento económico supere el 2,5 % del Producto Interior Bruto interanual de Castilla y León en aquellas materias competencia de la Comunidad de Castilla y León…”.

Pues bien, el pasado 1 de junio la Consejera de Hacienda presentó los datos de la contabilidad regional trimestral de Castilla y León, que indican que el PIB de Castilla y León registró un crecimiento interanual del 2,6 % en el primer trimestre de 2015.

Es el momento de demostrar la tan alta estima en que el gobierno de la Comunidad tiene a los trabajadores públicos, (consigna que no se cansan de repetir en casi cada aparición pública que hacen) para los cuales incluso había destinado 250.000 euros con el fin de reparar su “dignidad”. Desde CGT decimos que la recuperación de todos los derechos arrebatados a las personas que hacen que la Administración funcione es la única forma de recuperar la “dignidad” de los funcionarios y así de paso, cumplan por una vez lo que han prometido.

Desde CGT consideramos que la voz directa de las personas que trabajan en la Administración y que la construyen día a día, es la que más fuerza tiene. Por ello, queremos recopilar el máximo nº posible de firmas para recordar con insistencia que los empleados públicos tenemos memoria y que nos negamos a ser utilizados como monedas de cambio cuando conviene.