Como ciudadanos preocupados por el presente y futuro de Colombia, nos unimos para levantar nuestra voz ante las irregularidades e injusticias presuntamente cometidas por el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella. En un país que se precia de ser un Estado Social de Derecho, es inadmisible que las acciones gubernamentales estén ensombrecidas por la opacidad y la falta de control disciplinario. No podemos quedarnos callados mientras se pone en riesgo la integridad de nuestras instituciones democráticas.

En este sentido, exigimos a las autoridades pertinentes, al Congreso de la República y a los órganos de control que activen de inmediato los mecanismos de fiscalización adecuados. Es esencial garantizar que se lleve a cabo un juicio político y un control disciplinario riguroso sobre la gestión actual. La transparencia financiera debe ser una prioridad absoluta, asegurando que no haya cabida para la corrupción o el mal manejo de los recursos estatales.

Además, pedimos el fin inmediato de la estigmatización del pueblo colombiano. La retórica dañina y divisiva no tiene lugar en un gobierno que debe representar los intereses de todos los ciudadanos por igual. Solo a través del debate abierto y el respeto mutuo podemos construir un país más justo y equitativo.

Este llamamiento no es solo un acto de resistencia, sino un clamor por el retorno a los principios fundamentales que deberían regir nuestra nación. La revisión exhaustiva de las acciones gubernamentales debe llevarse a cabo con total imparcialidad y transparencia. Al firmar esta petición, estamos defendiendo el derecho al buen gobierno y a la rendición de cuentas.

​Manifiesto de Denuncia Ciudadana y Puntos de Fiscalización al Ejecutivo
​1. Opacidad en el Manejo de Recursos para Emergencias

El uso de la infraestructura institucional y de los medios públicos del Estado para canalizar donaciones monetarias privadas hacia una fundación privada dirigida por la primera dama, Ana Lucía Pineda, eludiendo los canales oficiales de gestión del riesgo (UNGRD). La posterior reticencia a entregar estados financieros detallados requirió el dictamen de fallos judiciales para exigir la rendición pública de cuentas sobre el destino de las ayudas.

​2. Uso de Narrativas Fiscales Contradictorias

La justificación de recortes presupuestales e inversión pública bajo la premisa de "haber recibido un país quebrado", omitiendo hechos como la liquidación y pago total de la deuda por US$5.400 millones adquirida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantada por la administración saliente.

​3. Estigmatización de la Fuerza Laboral y la Economía Ciudadana

Las alocuciones oficiales que atribuyeron el consumo y el dinamismo del comercio popular e informal al flujo de dinero del narcotráfico y la corrupción, criminalizando el esfuerzo de trabajadores, comerciantes y pequeños empresarios para justificar las fallas de la gestión económica.

​4. Apropiación Deshonesta de Obras e Indicadores

La atribución como logros propios de la inauguración de proyectos de energía renovable, tramos de infraestructura vial y récords de incautación de estupefacientes cuyos procesos de financiación, consulta previa y estructuración técnica venían ejecutándose desde años anteriores.

​5. Giro en la Política Exterior y Abandono del DIH

El viraje en las alianzas diplomáticas globales que derivó en el retiro de la intervención de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso por las acciones militares en Gaza, el anuncio del traslado de la embajada a Jerusalén y el alineamiento con políticas de ocupación territorial, alejando al país de su tradición de neutralidad y respeto al Derecho Internacional Humanitario.

​6. Estancamiento de Proyectos de Desarrollo Regional

El retiro del respaldo financiero de la Nación a proyectos clave para las regiones, como la planta desalinizadora proyectada para atender la crisis estructural de agua potable en Santa Marta.

​7. Inestabilidad Cambiaria y Presión Sobre la Moneda

El impacto de mensajes oficiales sobre la Tasa Representativa del Mercado (TRM), donde la volatilidad del peso colombiano contradijo las promesas de "confianza inversionista", encareciendo insumos y afectando la canasta familiar.

​8. Adopción de Retóricas Autoritarias y Militarismo

El desmonte gradual de contrapesos, el uso de narrativas de militarización del orden público, la flexibilización del porte de armas para particulares y los ataques dirigidos a las altas cortes y tribunales de juzgamiento, configurando un riesgo para las garantías del Estado Social de Derecho.

​9. Rescate Financiero al Modelo Privado de Salud

La destinación de recursos públicos a la inyección de liquidez de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) sin condicionar los giros a auditorías integrales, el levantamiento de la reserva de sus reservas técnicas o la eliminación de la intermediación financiera.

​10. Perpetuación de las Asimetrías en el Sistema Pensional

La preservación del modelo de administración privada de fondos de pensiones que permite a grandes grupos financieros concentrar el ahorro de los trabajadores mediante el cobro de comisiones, mientras la Nación asume la carga tributaria de los subsidios y la cobertura en el sector público.

Por favor, firma esta petición y ayúdanos a garantizar que se haga justicia y se respete nuestro Estado Social de Derecho.