Desde “Dignidad Animal” se inicia está campaña de recogida de firmas con el objeto de denunciar la práctica cruel que el regidor del Ayuntamiento de Tórtola de Henares perteneciente a la localidad de Guadalajara, Martín Vicente, ha solicitado a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

El edil ha solicitado autorización para abatir a los animales que han sido abandonados en su municipio y para ello se ampara en la obsoleta Ley 7/90 de 28 de diciembre, referente a la Protección de Animales Domésticos de Castilla-La Mancha, donde en la disposición cuarta de la citada ley se expone lo siguiente:
“Con el fin de evitar daños a las personas, ganados y riqueza cinegética, así como por motivos de salud pública, los perros errantes asilvestrados podrán ser abatidos cuando su captura no sea posible”.

No sólo dicha ley ampara la práctica cruel que pretende llevar a cabo el consistorio sino también en la reciente y polémica ley de caza de Castilla La Mancha, que fue aprobada durante la legislatura de María Dolores de Cospedal, deja abierta la posibilidad de que cazadores/as puedan abatir y capturar “animales domésticos asilvestrados”, incluyendo en esa lista a perros y gatos.
Esta ley ha sido denunciada por la Administración General del Estado puesto que los animales domésticos están protegidos por el artículo 337 del Código Penal que prohíbe actos que impliquen la muerte de animales.

España es el país a la cabeza en el número de abandono de animales, y una de las medidas para acabar con este problema no es acabar con sus vidas sino concienciar, sensibilizar y condenar a aquellas personas que los abandonan, o matan.

Consideramos esta práctica como cruel e innecesaria, con el único objetivo de matar animales que han sido abandonados o simplemente se han perdido o escapado.
Si se autorizase dicha medida, los/as cazadores/as de la zona tendrían vía libre para acabar con la vida de cualquier animal que en ese momento estuviese en la calle amparados por una ley que permite el maltrato animal, el cual es condenado por el artículo 337 del Código Penal que dice: “el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales”.

En nuestra sociedad no tiene cabida este tipo de actuaciones, cada municipio es responsable y tiene la obligación de erradicar el abandono y maltrato animal, puesto que está penado por el art.337 del Código Penal, y para ello existen otras muchas alternativas viables que no implican sufrimiento, violencia o muerte hacia ningún animal y respetan el derecho a la vida.

Los animales que han sido abandonados no son los culpables de ese hecho y esa no es la vía adecuada para solucionar el problema, por lo tanto, pedimos al alcalde del municipio que antes de acabar con las vidas de estos animales de manera injustificada tomen otras alternativas que no impliquen maltrato animal, como sanciones a las personas que abandonan animales, campañas de esterilización y control de camadas indeseadas, de sensibilización y concienciación, colaboración con refugios y albergues de animales para la identificación y recogida de los animales abandonados, entre otras.