La OAC ha decidido renunciar también al ejercicio de sus competencias en materia de protección a informantes de corrupción. En una resolución infumable, en la que no entra a valorar el exhaustivo listado de represalias sufridas, que ha merecido el reconocimiento de mi incapacidad temporal por el INSS como enfermedad profesional, decide retirarme la protección y pasarle el muerto al Juzgado. Mientras, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se llena la boca en el Parlament de que van a proteger los alertadores de corrupción. Ya tienen la ley (Ley 2/2023), ahora solo falta que pongan de director de la OAC a una persona que la aplique.