La Ley 1/2017, de 8 de febrero, de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón ha establecido un marco de regulación de las relaciones laborales de las empresas y entes públicos del Gobierno de Aragón que supone un retroceso hasta la casi eliminación de cualquier derecho de los trabajadores de dichas empresas, tanto a nivel retributivo como funcional.

Por si eso fuera poco, la forma de aplicarla ha sido de forma casi dictatorial, llegando a anular en algunos momentos los derechos fundamentales de negociación colectiva y consiguiendo aumentar las desigualdades entre los trabajadores, incluso dentro de las mismas empresas.

Solicitamos la derogación de dicha Ley, entendemos que los mismo que la han dictado pueden hacerlo, si son consecuentes con la Responsabilidad Social e Igualdad que pregonan.