Porque afecta a un derecho constitucional básico de la ciudadanía como es el de la salud, afecta a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, en especial a las personas mayores que son las que viven en estos municipios de forma mayoritaria. Porque supone un golpe mortal para las supervivencia de nuestros pueblos, poniendo en peligro la vida de las personas. Porque el cierre de estos servicios se basa únicamente en criterios económicos y no se ha contado con el parecer de quienes disfrutan de estos servicios, suponiendo la discriminación de las personas sólo por vivir en lugares diferentes. Porque el gasto en sanidad no es un derroche, sino una inversión. Porque el gasto de estos servicios no suponen un ahorro importante en comparación con otros gastos superfluos en otros ámbitos, siendo una medida que se está aplicando en una gran parte de los servicios de salud de las diferentes Comunidades Autónomas del Estado español.