Ana María Camacho llevaba seis años esperando una vivienda de alquiler social en el barrio sevillano de San Bernardo junto a su mascota Nía, un perro labrador con el que lleva conviviendo la mitad de su vida. El pasado 30 de mayo la solicitud fue denegada por la agencia institucional AVRA, dependiente de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, alegando la “inviabilidad de tener perros en la vivienda”.  Hoy día hay millones de personas para las que su perro es un miembro más de la familia. Obligarlas a elegir entre un alquiler social y su perro es una crueldad.

Firmad para que ni Ana Maria y Nia, ni ninguna otra persona y su compañero canino  tengan que separarse como impone la Agencia de Vivienda andaluza