La decisión de no aprobar el matrimonio igualitario viola el Pacto Federal al incumplir con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que para cumplir con la Constitución Federal debe permitirse el matrimonio igualitario, el Congreso de Yucatán decidió que esa parte del Pacto Federal no la va a cumplir.

Actualmente, las parejas del mismo sexo que pretenden casarse tienen que interponer un amparo federal para que un juzgado "ordene" al Registro Civil de Yucatán los case legalmente. Tanto el matrimonio como el concubinato deben ser un derecho para todas las personas sin importar su orientación sexual y sin la necesidad de interponer un amparo.  

El matrimonio igualitario no sólo otorga derechos a las parejas en materia jurídica como las herencias y las afiliaciones a servicios de salud, por ejemplo, sino que puede ir más allá, al reconocer que una población no puede ser excluida de derechos fundamentales sólo por su orientación sexual.

Tener trato igualitario no implica un privilegio, sino que es una manera en que el Estado valida a las personas. Las leyes deben ser para todos y no debe importar si alguien es heterosexual o no.