Con motivo del calendario litúrgico, cada año se repite una situación de desigualdad ante la ley debido a los privilegios de ocupación pública que conceden numerosos ayuntamientos a las corporaciones religiosas, exentas de abonar tributos locales, en perjuicio de otros usuarios de las vías urbanas. Mientras este agravio persista, hay motivos suficientes para que se respete la objeción fiscal al impuesto de circulación sin que ello sea causa de sanción, porque una cosa es que se proteja como un derecho fundamental la libertad de culto (así como la libertad para no creer y desvincularse de un determinado credo), y otra radicalmente distinta, e incluso maliciosa, que con el pretexto de la tradición el coste y las molestias derivadas de manifestar las creencias que forman parte de las opciones privadas recaiga sobre la ciudadanía de un Estado cuyo carácter ha sido definido en su carta magna como aconfesional.