El bienestar social debe ser una seña de identidad de Castilla la Mancha. Con gran acierto del gobierno regional de entonces, se firmó un convenio con la Diputación de Cuenca para la construcción de la residencia geriátrica en Priego por un importe de 4 millones de euros.

¿Y después qué?

Pues sencillamente nada. Siete años después la residencia de Priego sigue abandonada a su suerte y sus instalaciones son pasto del saqueo y del expolio.

¿Pero de quién es la residencia de Priego?

Según el registro de la propiedad de Huete. la residencia no esta inscrita a favor de ninguna institución pública.
No estar inscrita en el registro de la propiedad no quiere decir que nadie sea responsable de su cuidado y de su puesta en funcionamiento de este servicio tan demandado hoy en día.

 La JCCM, pese a ser su propietario en virtud a un acuerdo de cesión con el ayuntamiento de Priego, sigue haciendo caso omiso a sus obligaciones de mantener y abrir la residencia.
Hoy en día los accesos son incontrolados pues sus puertas exteriores están abiertas de par en par y siguen a merced de vándalos y delincuentes para seguir expoliando lo que queda.

Además, la JCCM incluye la residencia y su valor patrimonial en los presupuestos regionales de 2018.
Por lo tanto, la JCCM es la responsable de no poner coto a los actos vandálicos que están destruyendo sus instalaciones abandonadas, así como tiene la obligación de su puesta en marcha como garante del bienestar social.

Es inadmisible que siete años después no se de una solución por parte de nadie.

Exigimos a la Junta de Castilla la Mancha la inmediata puesta en marcha de este servicio asistencial tan demandado hoy en día.

Entendemos que la residencia de Priego fue construida con inversión pública y que debe ser gestionada y dirigida directamente por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Castilla la Mancha.
Sabemos por experiencias ya vividas que un servicio público externalizado supone un mayor gasto para las arcas públicas, una merma de la calidad del servicio, la pérdida de empleo público y una precarización del empleo privado.
Por ello exigimos y reclamamos que la Residencia de Priego sea gestionada íntegramente por la JCCM, que se garantice el empleo público y que la calidad asistencial prime sobre la cuenta de beneficios de cualquier empresa privada.