A la opinión pública

Ante los hechos de pública notoriedad relativo a expresiones de la Fiscal de Corte (subrogante) Dra. Mònica Ferrero respeto a quienes ejercen la conducción de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad Dr. Ricardo Perciballe y de la Fiscal Adscripta Dra. Mariela Súarez, los abajo firmantes excompañeros de estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y exmilitantes Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (ASCEEP-FEUU), así como universitarios en general de otras generaciones, manifestamos:

1. Nuestro profundo orgullo y respaldo personal y profesional a nuestros queridos compañeros, el Dr. Ricardo Perciballe y la Dra. Mariela Suárez, con quienes compartimos las aulas universitarias, espacios profesionales, y las luchas estudiantiles en defensa de la democracia y los Derechos Humanos.
   Nuestro absoluto apoyo a la gestión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. 
   Reconocemos en su labor, y en la de todo su equipo técnico y humano, un pilar fundamental para la salud democrática de nuestro país, cuya tarea es indispensable para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado uruguayo en materia de verdad, justicia, memoria y no repetición. Sin justicia no hay garantía ni seguridad para la ciudadanía toda. Los delitos de Lesa Humanidad, por su extrema gravedad no prescriben, y su condena es un mandato universal.
2. Nuestra preocupación ante los ataques, cuestionamientos y presiones que pretenden deslegitimar o      menoscabar la función de esta Fiscalía Especializada. Defender la independencia de los magistrados e  integrantes del Ministerio Público no es solo un imperativo legal, sino una garantía democrática para    toda la sociedad uruguaya.
3. Exigimos el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad con mayor      asignación de recursos y sin limitaciones ni presiones de clase alguna. Las violaciones de los Derechos  Humanos en el período de la dictadura civil militar, así como en años previos por el Estado, obliga hoy  en democracia, al propio Estado a ejercer justicia y reparar el daño ocasionado con medidas públicas    fortaleciendo la democracia y la estabilidad institucional.  

Por Verdad, Memoria, Justicia y Reparación