Somos un grupo de aspirantes al Servicio Exterior Mexicano y diplomáticos en activo y jubilados (necesitamos mantenernos en anonimato por miedo a represalias políticas) que estamos en total desacuerdo con el robo de 26 de las 65 plazas por las que concursamos.

El 28 de abril de 2017 el presidente Enrique Peña Nieto anunció, en un evento público, la creación de 100 nuevas plazas para ingresar al Servicio Exterior Mexicano de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federal, la SRE publicó la Convocatoria al Concurso Público General de Ingreso a la rama Diplomático-Consular donde ofertaron 65 plazas; las 35 restantes serían concursadas en la rama Técnico-Administrativa.

Para el período de recepción documental fuimos 1,222 aspirantes; de los cuales 823 fueron aceptados para presentarse a la primera etapa eliminatoria en mayo 2018 (la cual consta de un examen de historia de México y del mundo, economía, derecho internacional y constitucional, cultura, derechos humanos y relaciones internacionales; un examen de español; un examen de inglés; y un examen de traducción de un idioma de Naciones Unidas salvo inglés y español); de estos, fuimos aceptados 199 aspirantes para concursar en la segunda etapa eliminatoria en agosto 2018 (exámenes psicológicos de más de 600 preguntas acompañado de su respectiva entrevista; un ensayo en inglés acompañado de su respectiva entrevista; un ensayo de política exterior y actualidad internacional, sin conocer el tema hasta estar frente del equipo de cómputo; y una entrevista con dos diplomáticos y un académico).

Sin embargo, el pasado viernes 21 de septiembre, la subcomisión de ingreso (integrada por la doctora Natalia Saltalamacchia, directora del Instituto Matías Romero; embajador Ulises Canchola Gutiérrez, presidente de la comisión de personal; maestro Pedro Manuel Lichtle Fragoso, director general del Servicio Exterior y Recursos Humanos; y, el embajador Miguel Ruíz Cabañas, subsecretario para asuntos multilaterales) publicó una lista con 39 supuestos ganadores, de los cuales, un gran número ya trabajaban en la Secretaría de Relaciones Exteriores o en consulados o embajadas. ¿Y las 26 plazas restantes?

El día de ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde arguye que las 26 plazas quedarán vacantes, sin embargo, son plazas que ya estaban presupuestadas y autorizadas por el Ejecutivo Federal, en conformidad con el artículo 89 constitucional fracción X.

Además, en el comunicado de la SRE la subcomisión de ingreso estableció repentinamente criterios aprobatorios para 39 concursantes, debiendo ser para 65, número de plazas ofertadas por la convocatoria. Por otra parte, los criterios que fija la subcomisión de ingreso no tienen validez porque no están considerados en la convocatoria y fueron dados a conocer no antes o durante las pruebas, sino hasta la publicación de los resultados. Asimismo, la decisión de los criterios de evaluación se realiza en el marco de un proceso hermético, vicioso y sin transparencia.

No está de más mencionar que debido al hermetismo citado, la subcomisión de ingreso, maliciosamente, no permite medios de impugnación por parte de los aspirantes, tal ha sido la problemática que ha habido casos de concursantes que deben ampararse ante la Suprema Corte de Justicia logrando cambios, pero aún insuficientes.

Lo anterior ha generado zozobra, dudas e indignación no solo de los 158 participantes que quedamos fuera, sino de diplomáticos y estudiantes que se ha visto reflejada en twitter con el hashtag: #ingresosem u #orgullosem ya que fue un proceso demasiado desgastante de casi un año de preparación y de grandes sacrificios que se desvanecen por una decisión arbitraria.

Es una pena que los dirigentes del Servicio Exterior promuevan la transparencia y apertura de México internacionalmente, pero fomenten dentro de su estructura la corrupción, la opacidad y demás prácticas contrarias a la democracia.

Por ello, solicitamos su apoyo para viralizar esta situación para hacer justicia y demandar que otorguen las 26 plazas restantes, junto con los exámenes y calificaciones de los 199 participantes para descartar irregularidades. Además, solicitamos una investigación de todo el proceso de ingreso por parte de la Auditoría Superior de la Federación para transparentar actos de corrupción, nepotismo y conflictos de interés.