De los 21.000 niños que a día de hoy viven en nuestro país protegidos por la Administración, 13.700 están en centros de menores, la mayoría en manos privadas. Y ello a pesar de las críticas que desde hace años han lanzado a España desde la ONU el Comité Europeo de los Derechos del Niño y varias ONG que consideran que las residencias deben ser el último recurso. Antes están su familia biológica o una adopción, un modelo además más barato. Pero los niños se han convertido en un negocio demasiado suculento para algunos.