OTRA MÁS DE LA UDI...

El actual ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, fue el parlamentario que más traspasó dinero a la institución, con un total desde enero a julio $4.900.000 de montos públicos.

En 2016, el Ministerio Público inició una investigación por posible fraude al fisco a través de la triangulación de dineros de las asesorías externas de algunos parlamentarios.

Luego, una investigación de Ciper develó los nombres de algunos parlamentarios de varios partidos políticos que ocupaban los dineros de las asesorías externas para pagar a particulares, institutos o fundaciones que estaban ligadas a sus propios partidos y que en algunos casos además eran copiados tal cual de Internet.

Cuatro años han pasado desde que se inició esta investigación, no solo por los informes plagiados, sino también por la posible triangulación de dineros entre los parlamentarios y entidades y personas vinculadas a sus partidos. ¿Quiénes han tenido que enfrentar a los tribunales de justicia?

El ex fiscal Carlos Gajardo afirma que “hay un incentivo para no meterse con estas altas autoridades porque el día de mañana entonces pueden, obviamente, torpedear su ascenso en la institución”.

El Ministerio Público solo informa que la investigación sigue abierta, pero mientras tanto, al menos una bancada de diputados mantiene un contrato millonario con una fundación que está estrechamente ligada a su partido y a la que mensualmente traspasan dineros del Estado por informes que son iguales.

“20 parlamentarios tienen el mismo informe y cada uno pagó por ese mismo informe. Son idénticos en contenido y en redacción”, señala la periodista Silvia Oramas.

En enero, los parlamentarios de la UDI destinaron millones de pesos para comprar estos informes que son exactamente iguales. Indagamos en los otros meses y descubrimos que lo mismo ha ocurrido durante todo este año entre los 20 diputados de la UDI y la Fundación Jaime Guzmán.

Cada uno paga con los recursos de asesorías externas y en total la institución recauda $10 millones por informe. La fundación no accedió a una entrevista. A través de un comunicado, defienden el contrato con los parlamentarios.

El texto señala que “la Fundación Jaime Guzmán tiene un único contrato con 20 diputados de la UDI, los cuales aportan $500 mil cada uno para la realización de nuestros labores. Debido a que es un solo contrato, se realiza un solo informe mensual que se distribuye en 20 ejemplares con toda la asesoría legislativa desarrollada por la fundación en el mes de corresponda”.

El parlamentario Osvaldo Urrutia aseguró que “aquí hay contratado una cantidad importante de asesores legislativos en distintas materias. Tenemos en educación, en salud, en vivienda”.

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri manifestó que “como sería imposible para un diputado contratar a 8 o 9 abogados, lo que hacemos es que este equipo lo pagamos entre todos”.

Gajardo, en tanto, afirma que “bastaría que solo uno lo adquiriera para que pueda ser compartido entre todos los demás, sobre todo porque eran una misma bancada, y, por lo tanto, más parece ser que hay ahí una forma de financiar a un determinado instituto o fundación para los efectos de que realice un trabajo de apoyo legislativo. Pero la fórmula al menos que se utiliza, no parece, creo yo, estar acorde con parámetros mínimos de probidad y de transparencia”.

LA NOTA COMPLETA EN EL ENLACE (REPORTAJE INCLUIDO).