Petición cerrada

Devuelvan Pasaporte y DNI español a Dora L. Romero Calzadilla para reunificación familiar.

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PIDO, a través de change.org, a D. Javier Gómez Gálligo, Director General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia; a D. Carlos Pérez Desoy, Cónsul General de España en La Habana y a D. Augusto de Jesús Ugarte Blanco, Vicecónsul de la región central de Cuba, que dispongan la devolución inmediata del Pasaporte y el DNI español a Dora Lidia Romero Calzadilla; retirados en el Aeropuerto de Barajas, a las 15:00  horas del día 27/08/2017, en las dependencias del Grupo de Frontera.

Dora Lidia viajaba desde Las Palmas de Gran Canaria a Cuba por 16 días; hacía dos años que no veía a sus dos nietos, Kevin de 11 años y Kelin de 6, y un año exacto del fallecimiento de su madre, Nérida Margarita Calzadilla, a cuyo funeral le había sido imposible asistir. Viajaba con asistencia de silla de rueda por prescripción facultativa, pues no debía caminar largas distancias a causa de una caída reciente. Inmediatamente pidió que le bajaran su equipaje del avión y le vendieran un boleto para regresar a Las Palmas. Pero al comunicársele que no le podían vender boleto de regreso porque estaba irregular en España; y no habiéndosele comunicado su derecho a un abogado de oficio para tramitar su situación, muy nerviosa, naturalmente deprimida e impotente de obrar adecuadamente, decidió continuar su viaje a Cuba, y desde allá aclarar el problema.

Al segundo día, el martes 30 de agosto, se personó en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Consulado General de España en La Habana, donde le notificaron el motivo de la cancelación de su ciudadanía española.

Resulta que la encargada del registro, Cónsul Laura López García, hubo de acordar, que por inscripción marginal (arts. 305 y ss. R.R.C.) se procediera la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen de Doña Dora Lidia Romero Calzadilla, que figura al Tomo 534, Página 205, Número 103 de la Sección primera del Registro Civil Consular, por haberse practicado basándose en "título manifiestamente ilegal” (arts. 95.2o L.R.C. y 297.3o R.R.C.); considerando, que Doña Dora Lidia Romero Calzadilla no cumple con los requisitos para la opción a la nacionalidad española establecidos en el apartado 1ro de la Disposición Adicional 7a de la Ley 52/07; toda vez que no ha quedado demostrado que su padre haya sido originariamente español, dado que consta en Carta de Ciudadanía inscrita en el Registro Civil de San Fernando Abreus, Cienfuegos, que su Sr. abuelo Vicente Romero Cruz, no se encontraba inscrito en el Registro de Españoles, según lo dispuesto en el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898.

Sin embargo, partiendo del presupuesto evidente que la conservación de la nacionalidad presupone necesariamente su previa tenencia y siendo ésta la cuestión deba­tida en el expediente de Dora Lidia Romero Calzadilla, cabe señalar que obran pruebas documentales en ese Registro Civil Consular, aportadas en tiempo y forma oportuna, que demuestran; primero, mediante certificación de nacimiento emitida por el Registro Civil de la Villa de Ingenio, Las Palmas, que VICENTE ROMERO CRUZ, abuelo de Dora Lidia, nació el 17 de abril de 1871 en la localidad española de Ingenio de Agüime; segundo, que mediante la propia Carta de Ciudadanía inscrita en el Registro Civil de San Fernando Abreus, Cienfuegos, se puede conocer que su Sr. abuelo Vicente Romero Cruz, llegó a Cuba el 10 de diciembre de 1888 en el Vapor Pionono; tercero, que mediante CERTIFICO, que a través de la Inscripción de nacimiento del Sr. Eugenio Romero Beruvides, padre de doña Dora Lidia Romero Calzadilla, se prueba que efectivamente, éste nació el 6 de abril de 1922, cuando su padre VICENTE ROMERO CRUZ, abuelo de Dora, aún era ciudadano español, toda vez que no fue hasta el 30 de junio de 1938, que según consta en esa Carta de Ciudadanía inscrita en el Registro Civil de San Femando Abreus, Cienfuegos, que el Sr VICENTE ROMERO CRUZ se inscribió como ciudadano cubano. Y en tal sentido, en el propio CERTIFICO de la Inscripción de nacimiento del señor Eugenio Romero Beruvides, padre de doña Dora Lidia Romero Calzadilla, que obra en el Registro Civil Consular, se hacer constar y cito literalmente: “Que al tomo dos del folio ciento sesenta y uno de la Sección de ciudadanía de este Registro civil de Abreus, a mi cargo, obra la inscripción de VICENTE ROMERO CRUZ, y dice así.- En los Abreus, a las diez de la mañana del día dieciocho de Julio de mil novecientos treinta y ocho, ante los Señores Doctor, Sixto Lecuona Hernández, juez Municipal, propietario de este término y Armando Ruíz Gallart, Secretario, compareció VICENTE ROMERO CRUZ, natural del pueblo de Ingenio de Guime, Provincia de Las Palmas de Gran Canarias, de sesenta y ocho años de edad, casado, agricultor, vecino de la Finca La Esperanza, de este término, con objeto de que se inscriba como ciudadano cubano en virtud de hallarse comprendido en el inciso segundo del artículo sexto de la Ley constitucional de la República de Cuba, toda vez que es Español y viene residiendo en el territorio de esta república desde el año mil ochocientos ochenta y ocho…”

Por lo que, quedando demostrado que su padre era originariamente español, no deja de ser una incongruente Presunción, considerar que no lo era, solo por el hecho de constar en la Carta de Ciudadanía inscrita en el Registro Civil de San Fernando Abreus, Cienfuegos, que su Sr. abuelo Vicente Romero Cruz, no se encontraba inscrito en el Registro de Españoles, según lo dispuesto en el Tratado de París de 10 de diciembre de 1898; teniendo en cuenta que el propio Tratado de París invocado puede ser perfectamente considerado “manifiestamente ilegal”, ya que el mismo, PRIMERO, entra en contradicción con la Constitución española de 1878 vigente entonces, que garantizaba en su Artículo 11: “1-La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

2-Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

3-El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.”

SEGUNDO, es reconocido el hecho de que a muchos españoles no les resultara sencillo ejercitar su derecho a elegir mantener su nacionalidad antes de que expirase el plazo fijado, y en especial a los nacidos en islas Canarias, pues el aducido artículo IX del Tratado de París de 1998, sólo autorizaba en su redacción a los naturales de la Península el poder conservar su nacionalidad española, al establecer: “Los súbditos españoles, naturales de la Península, residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia o cede por el presente tratado, podrán permanecer en dicho territorio o marcharse de él, conservando en uno u otro caso todos sus derechos de propiedad, con inclusión del derecho de vender o disponer de tal propiedad o de sus productos; y además tendrán el derecho de ejercer su industria, comercio o profesión, sujetándose a este respecto a las leyes que sean aplicables a los demás extranjeros. En el caso de que permanezcan en el territorio, podrán conservar su nacionalidad española haciendo ante una oficina de registro, dentro de un año después del cambio de ratificaciones de este tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad: a falta de esta declaración, se considerará que han renunciado dicha nacionalidad y adoptado la del territorio en el cual pueden residir. Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”.

Según Javier Márquez Quevedo, doctor en Historia y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su escrito “Identidad nacional y conflicto: Canarios en Cuba al final de la dominación española de la isla (1898)”, Ramón de Dalmau, el Marqués de Olivart, erudito español en derecho internacional, consideró que había sido un tributo vergonzoso a los nor­teamericanos reconocer que los naturales de Cuba habían perdido con el Tratado la ciudadanía española. Y el articulista Rafael Delgado Perera, escribe en “Historia: los canarios en Cuba y Puerto Rico en 1898” que el citado Tratado fue escrito por las autoridades estadounidenses y acatado sin más por las autoridades españolas, dispuestas como estaban a cobrar a toda costa, el producto de su venta. Y cita: “A tal fin, y para no contravenir a lo estipulado en el Tratado de Paz de 1898, se utilizó el subterfugio de puentear el mismo, así conocemos, como ejemplo, el caso del gomero Miguel Negrín de 55 años, su esposa y tres hijos, en que al solicitar la nacionalidad española y al formalizar el impreso o boleta de la Declaración de Nacionalidad ante las autoridades consulares en Puerto Rico, leemos…”…natural de Gomera, Provincia de Canarias, en la Península Española…”, declaración firmada por el declarante Miguel Negrín, en San Juan el 21 de marzo de 1900, como testigo el Juez Municipal y el Secretario de la Corte Municipal. Desconocemos si en verdad, tanto el testigo como el Juez y el Secretario firmantes, sabrían que la Gomera no estaba en la Península Española…”

El 24 de septiembre de 2016 el Diario de la marina demostró con diez argumentos irrebatibles el por qué es ilegal el Tratado de Paris. Y lo reproduzco:

Por cuanto, tras la declaración de la Autonomía el 25 de noviembre de 1897, publicado en la Gaceta de Madrid el sábado 27 de ese mismo año, acordando personalidad jurídica, Cuba, en el ejercicio del derecho a la Autonomía reconocido constitucionalmente, accedió a su autogobierno de conformidad con la Constitución Española y el citado Decreto, que era su norma institucional básica.

Por cuanto según la constitución vigente en 1876 en el Reino de España, estableciendo claramente en el Título 6, Del Rey y sus Ministros, artículo 55 que el Rey necesita estar autorizado por una ley especial para:

-Primero. Para enajenar, ceder o permutar cualquiera parte del territorio español.

-Segundo. Para incorporar cualquiera otro territorio al territorio español.

Por cuanto, antes de convenir un tratado de esta naturaleza ha de solicitarse el voto de las Cortes del Reino y que, si bien dicha solicitud de ley fue presentada por la Reina Regente el martes 6 de septiembre de 1898, esta nunca fue ratificada por los señores diputados.

Por cuanto, El Tratado de París ratificado por su Majestad la Reina Regente de España el 19 de marzo de 1899, renunciando en su artículo I a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba, no podía ser ratificado sin la consulta de los naturales de esos territorios, dado que el reconocimiento de personalidad jurídica es irrevocable una vez acordado.

Por cuanto, los Estados Unidos no tenían derecho a adquirir los títulos de propiedad de Cuba, que España misma no estaba en condiciones de acordar, puesto que su propiedad ya no le pertenecía de pleno derecho, una vez aceptado el sistema de autogobierno por el Rey de España.

Por cuanto, la nacionalidad (y por ende, la ciudadanía), se obtiene por Derecho Natural o Derecho de Gentes, que es anterior a todo otro sistema de Derecho Internacional. En consecuencia, la nacionalidad española, según dicho criterio, nunca pudo haber sido arrebatada sin clara consulta de los naturales de los territorios a cedidos por España.

Por cuanto, el artículo IX del Tratado de París priva de la nacionalidad española a los naturales de los territorios perdidos por España a la conclusión del conflicto bélico, estableciendo en clara violación del derecho natural de las personas que “los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios (…) se determinarán por el Congreso”

Por cuanto, los naturales de las provincias autónomas de Ultramar de Cuba y Puerto Rico fueron desnacionalizados por los norteamericanos de su ciudadanía española sin estos haber adquirido “naturaleza en país extranjero” como causa para perderla, según establecía la Constitución Española del 1876.

Por cuanto, La Reina Regente Doña María Cristina nunca estuvo autorizada para ceder ciudadanos españoles, pues ese poder constitucionalmente le correspondía exclusivamente a los Tribunales del Reino, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil del 1889.

Por cuanto, ningún tratado entre España u otro Poder o nación, habría sido obligatorio para Cuba sin el expreso consentimiento de los habitantes naturales, sean originarios de la Península o del territorio insular.

Por cuanto, el Tratado de París, fue arrancado a España bajo intimidación. Al respecto, la Convención Internacional sobre Derecho de Tratados, (que no tiene carácter retroactivo) celebrada en 1969 en Viena, Austria, entre cuyos estados signatarios se encuentran Estados Unidos y España, estipula en el artículo 52 nulo todo acuerdo cuyo consentimiento se alcance con la amenaza o uso de la fuerza.

Consideramos:

Primero; que el Tratado de París es nulo de nulidad absoluta e insanable.

Segundo; que por las razones antes expuestas nuestro derecho a la nacionalidad española es inalienable puesto que ningún cubano ni su familia han adquirido naturaleza en un país extranjero desde el 25 de noviembre de 1897.

Así resolvemos:

Solicitar al Tribunal de Justicia Europeo para que nuestros derechos a la ciudadanía española, que nos fueron injustamente negados por el Estado Español y los Estados Unidos de América nos sean devueltos de pleno derecho.

Y luego, la forma en que se ha retirado el Pasaporte y el DNI de mi esposa es improcedente; 1ro.-Porque aunque de acuerdo al ACTA del Grupo de Frontera, se lo retiraban como medida cautelar según señalamiento BDSN, donde figura cancelación de la nacionalidad española y retirada de DNI/pasaporte; no consta en ninguno de los tres ACUERDOS del AUTO del Consulado de España en La Habana  medida cautelar alguna contra Dora Lidia Romero Calzadilla. Todo lo contrario, se establece en el ACUERDO N0. 2 del AUTO, que el asiento registral no prejuzgará la nacionalidad española del inscrito. Y es más, en su ACUERDO No. 3 se indica: “Notifíquese a D (a) Dora Lidia Romero Calzadilla, y al Ministerio Fiscal, que contra este auto de cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen de D (a) Dora Lidia Romero Calzadilla, podrá interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días hábiles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, según dispone el art. 355 R.R.C”, por lo que la medida no es firme aún, y no lo será nunca, después que podamos aportar las pruebas oportunas, las que debieron ser solicitadas como SEÑALAMIENTO en el proceso, y no como un ACUERDO después de transcurridos 7 años. Además, llama la atención el hecho de que a pesar que el AUTO está fechado el 4 de diciembre de 2015; y haber resuelto en su ACUERDO No. 2 comunicar dicha cancelación al Registro Civil Central (arts.118 R.R.C), Dora Lidia haya continuado su vida como ciudadana española, cumpliendo con todas sus obligaciones y disfrutando de todos sus derechos desde el 9 de diciembre de 2010, y empadronada desde el 12 de octubre de 2013 en Las Palmas de Gran Canaria, en Paseo de Cayetano de Lugo No 29, Portal 5, C; e incluida a mediados de 2016 en el Censo Electoral (Anexo No. 6), y en la Tesorería General de la Seguridad Social (Anexo No. 7); y que se esperara hasta el 30 de agosto de 2017, para notificarle dicho AUTO, acordando la cancelación de la inscripción marginal de opción a la nacionalidad española de origen, cuando lo que han efectuado en realidad es la privación de su nacionalidad española, impidiéndole poder regresar a España, donde reside con su esposo y su hija; dificultándole, además, la defensa de sus derechos, pretendiendo obligarla a afrontar un litigio español desde el territorio cubano; lo cual evidentemente, le crea un estado de indefensión toda vez que los abogados cubanos no tienen competencia en España.

Y es que el Código Civil español vigente establece en su Artículo 252. “La sentencia firme que declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española, produce la nulidad de tal adquisición, si bien no se derivarán de ella efectos perjudiciales para terceros de buena fe. La acción de nulidad deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, dentro del plazo de quince años.” Y hasta estos momentos, ni siquiera pesa sobre Dora Lidia Romero Calzadilla una acusación por haber incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de su nacionalidad española.

Es por todo lo anterior que dirigimos esta PETICIÓN al Doctor Javier Gómez Gálligo, Director General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, a D. Carlos Pérez Desoy, Cónsul General de España en La Habana, y a D. Augusto de Jesús Ugarte Blanco, Vicecónsul de la región central de Cuba, rogando: PRIMERO; que no se tome el manifiestamente ilegal Tratado de Paris de 1898 para retirarle la nacionalidad española a Dora Lidia Romero calzadilla, después de ostentarla durante casi 7 años, y luego de haber vendido nuestra familia nuestro domicilio particular en Cuba y todas nuestras pertenencias para poder venir a las Palmas de Gran Canaria, tierra de nuestros antepasados, destruyendo la estabilidad familiar y creándonos graves daños y perjuicios económicos y síquicos. SEGUNDO; que sea rectificado cuanto antes este conflicto con la cancelación inmediata de la medida cautelar de retirada de pasaporte y DNI para la inmediata reunificación familiar de Dora Lidia Romero Calzadilla con su esposo e hija en nuestro lugar de residencia en Las Palmas de Gran Canaria.



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