El Gobierno pretende eliminar la personalidad jurídica de las entidades menores que los Ayuntamientos. Las entidades menores que los Ayuntamientos son claves para el mantenimiento demográfico y productivo del medio rural en gran parte de España, especialmente de las comunidades más vinculadas a los sistemas tradicionales de explotación, los más sostenibles y con un mayor valor ambiental, social y cultural. Estos Concejos o Juntas de Vecinos, Parroquiales, etc. tienen un funcionamiento verdaderamente democrático a través del cual los vecinos deciden algunos aspectos que les competen.

Con el pretexto de ahorrar gastos en la Administración el Gobierno pretende borrar de un plumazo a las entidades menores, que no tienen asignada propiamente partidas presupuestarias, quizá con el doble objetivo de saquear los bienes públicos locales (montes comunales vecinales sobre todo) en una especie de desamortización neoliberal y de paso eliminar cualquier vestigio de democracia verdaderamente participativa con una mínima capacidad de autogestión.

Lo que habría que hacer es exactamente lo contrario: fortalecer la organización ciudadana en juntas locales, recuperar capacidad de autogestión y organizar ascendentemente la participación de las personas en la toma de decisiones públicas. Las Juntas Vecinales son la forma más segura de decidir localmente siguiendo el bien común como principio, con un profundo conocimiento de la realidad donde operan las decisiones y, además, la forma más barata y transparente de organización social.

Hay que detener este nuevo atropello.