Como nuestros representantes y/o funcionarios públicos, y con base en el Artículo 57, fracción V, de la Constitución de Baja California Sur, sobre la iniciativa y formación de las leyes y decretos, la ciudadanía de Baja California Sur les damos el siguiente mandato:

1. Ejecutar todos los cambios y/o modificaciones en leyes, reglamentos, normas, planes, programas e incluso generar decretos con el propósito de prohibir, definitiva y permanentemente, que en nuestro estado se instalen proyectos de mega minería a cielo abierto o subterránea que usen y/o desechen sustancias tóxicas.

2. Para el análisis y aprobación, modificación o rechazo de convenios, contratos, acuerdos, programas, planes, proyectos o documentos de cualquier tipo que de alguna manera comprometan o puedan facilitar la instalación, presente o futura, de este tipo de mega proyectos mineros en nuestros municipios y/o estado es obligatorio incluir la participación de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil reconocidas por su experiencia y conocimiento en las áreas conducentes y, si es necesario, incluir algunas instituciones públicas y expertos locales; recurriendo a expertos nacionales o extranjeros sólo cuando no existan en el estado o el país. En ningún caso podrán participar ciudadanos, grupos, instituciones o expertos que realicen o hayan realizado trabajos o estudios para avalar los proyectos de mega minería que usa y desecha tóxicos.

3. Iniciar un plan de remediación para resolver el problema de contaminación de las áreas afectadas por la minería del pasado; de tal manera que se asegure la completa erradicación de los contaminantes desechados en los terreros generados por esa minería, en vez de sólo aplicar paliativos temporales y/o recurrentes.

4. Generar fuentes de empleo permanentes y sustentables para los pobladores de las comunidades afectadas por la minería del pasado; además de fomentar políticas de inversión que no pongan en riesgo el medio ambiente y su salud.