El pasado 27 de enero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha emitió sentencia al recurso contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales presentando por los sindicatos UGT y STAS por la que se anulaban las órdenes del 20 de agosto de modificación de RPT que supusieron la supresión de 700 plazas y el cese de 391 interinos.

En declaraciones de la Presidenta de la JCCM a la prensa aseguró que la Administración Regional iba a acatar la sentencia readmitiendo a los trabajadores cesados. Pero, por el contrario, lo que se llevó a cabo fue la presentación de recurso de casación ante el Tribunal Supremo con fecha 10 de febrero de 2014, viéndose por tanto, los sindicatos recurrentes obligados a solicitar al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha la ejecución de la sentencia.

La falta de ejecución de esta sentencia supone un grave perjuicio para los intereses de la región de muy difícil reparación, ya que el resarcimiento de daños y perjuicios en que consiste el abono de los salarios dejados de percibir pueden suponer una cantidad importante que aumentaría si se demorasen hasta que hubiera sentencia definitiva.

Por todo ello, los firmantes instan a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a ejecutar de forma inmediata la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, o en su defecto, la ejecución parcial que genere la creación de las 700 plazas y el reingreso del personal cesado, entendiendo que, de no ser así supondría un claro detrimento tanto para la Administración Regional como para los servicios que presten a los ciudadanos.