Para que haya un fraude procedimental de libro, éste se debe cometer en el seno de quienes por oficio deben conocer los procedimientos, fases, plazos y garantías. Al Colegio de Abogados de Jaén, y en especial a su Comité Deontológico se les supone que deben conocer y practicar el Procedimiento Administrativo Común y sus garantías con las partes. Que se deba no implica que no se pueda hacer lo contrario. O sea, que en el expediente informativo que el Colegio inicia a un colegiado por asuntos relativos al Yacimiento: los instructores no puedan ser deshonestos. La honestidad se les supone, y se les pone en duda si dan muestras de ingenuidad. En el Expediente 5/18 del Comité Deontológico, donde todos son compañeros del letrado, los instructores ¿han buscado cebollinos? 115 Ha de terrenos catalogados con protección integral han sido transformados en bulevares, manzanas de residenciales, calles y rotondas ¿es eso posible sin que la comisiones de los hormigones no hayan salpicado funcionarios, autoridades políticas, y bufetes de abogados? Sólo en la parcela H, estimo que la sobreedificación supuso 1.000 millones de pesetas de las de 1999. En dinero tan negro como el escroto de un burro mohíno. Eso en una parcela de una Ha por 40 viviendas de sobre edificación ¿cuánto no se habrá generado en el resto? ¿115.000 millones de pesetas? La obra pública y la de vivienda son la base de la Cultura del “hormigón”, íntimamente ligada a la “Comisión”, que gira entorno a despachos de abogados, arquitectos y arqueólogos amigos. El Expediente 5/18 ¿es al Colegio de Abogados lo que el 63/16 al Ayuntamiento y Delegación de Cultura? ¿Un fraude procesal? ¿una estafa de guante blanco con toques de hormigón?